El Congreso de Colombia, después de varios intentos fallidos en los últimos 25 años y pese a la oposición del gobierno, aprobó una reforma que regula la actividad política y obliga a los partidos a organizarse.
El gobierno del presidente Alvaro Uribe se oponía a la reforma, aprobada el martes en la noche, porque considera que algunos de los artículos están contemplados o se oponen a un proyecto de referendo que actualmente analiza una corte.
Uribe intentó hasta última hora hundir y archivar la iniciativa, que fue aprobada por un Congreso que, según recientes encuestas, es considerado una de las instituciones más corruptas, costosas e ineficientes de Colombia, un país de más de 40 millones de habitantes.
La reforma, de 15 puntos, establece normas para la creación de partidos políticos, los cuales deberán obtener al menos 200,000 votos válidos en las elecciones para ser reconocidos por las autoridades electorales y acceder al Congreso.
Adicionalmente, establece límites económicos para la financiación de las campañas con recursos estatales y privados y sanciona con la pérdida de la investidura a los candidatos que resulten elegidos y hayan violado la norma.
Otro artículo que se destaca dentro de la reforma política es el que fija sanciones para los congresistas que no acaten las orientaciones de su partido.
Cuando la reforma entre en vigencia, todos los partidos políticos reconocidos por las autoridades electorales deberán presentar una lista única para las elecciones y decidirán si aplican o no el voto preferente, es decir que el votante pueda elegir al candidato de su preferencia dentro de un listado.
Hasta ahora los partidos reconocidos podían inscribir decenas de listas para las elecciones legislativas.
Además, contempla castigos para las personas que cambien de partido político luego de ser elegidas popularmente por un movimiento determinado y prohíbe que un funcionario que aspire a un cargo de elección popular renuncie para lanzar su candidatura.
Asimismo avala el voto electrónico y castiga con pérdida de investidura a quienes violen el tope de financiación de las campañas políticas, que es ordenado por un tribunal superior.
"La reforma responde a una enorme necesidad del país de reforzar su democracia. Le da seriedad, dignidad y altura a la política", dijo el senador Carlos Holguín, presidente del Partido Conservador.
Pero opositores a la reforma, como el senador Rafael Pardo, quien apoya en el Congreso al presidente Uribe, dijo que las nuevas medidas van en contra del referendo propuesto por el gobierno.
De acuerdo con Pardo, mientras el voto consultivo busca congelar el gasto en el sector público, la reforma aumenta los gastos con la financiación de las campañas políticas que deberá asumir el Estado.
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