El Congreso y la Casa Blanca se encaminan a una posible crisis constitucional en torno al "privilegio ejecutivo" del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de negarse a explicar el despido de nueve fiscales en 2006.
Los legisladores acusan a Bush de tomar medidas "unilaterales" y exigen más explicaciones sobre la destitución de los juristas, pero la Casa Blanca replica que, amparada en el "privilegio ejecutivo", hará caso omiso a esas demandas.
El "privilegio ejecutivo" emana del principio constitucional sobre la separación de poderes y da al Ejecutivo inmunidad de cualquier acción judicial o investigación por parte del Congreso.
Bush ha invocado ese privilegio no sólo en el caso del despido de los fiscales sino también en la guerra en Irak, las escuchas telefónicas secretas y, recientemente, la condonación de la sentencia carcelaria de Lewis "Scooter" Libby por perjurio y obstrucción de justicia en el caso de una espía de la CIA.
Las acusaciones se enmarcan en una lucha de poder que aumenta las ya tensas relaciones entre Bush y el Congreso, por la guerra en Irak, el déficit fiscal, y otras prioridades nacionales.
El presidente George W. Bush desafía al Legislativo aún cuando, en momentos en que sólo le quedan 18 meses en el poder, su popularidad está por los suelos y afronta, además, la deserción de más republicanos clave para el apoyo a su campaña bélica en Irak.
El citado "emirato" también abarca las provincias septentrionales de Salahedín, Diyala, Bagdad y Nínive.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
