Los denominados "vuelos de la CIA", por los que ayer fueron condenados en Italia 23 antiguos agentes secretos de EE.UU., es uno de los controvertidos episodios relacionados con la guerra contra el terrorismo iniciada por la administración Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El caso estalló a finales de 2005, cuando el "Washington Post" informó de que la CIA mantenía una red de centros de detención secretos, repartidos en al menos ocho países, entre ellos algunas "democracias del Este de Europa", donde más de un centenar de sospechosos de terrorismo habrían sido interrogados.
La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch no tardó en señalar directamente a Polonia y a Rumanía. Se multiplicaron entonces las informaciones respecto a que decenas de aviones de la CIA con supuestos terroristas detenidos irregularmente habrían surcado el espacio aéreo europeo e, incluso, hecho escala en su recorrido hacia países donde se practica la tortura.
El asunto alcanzó a un gran número de países europeos, entre ellos España, donde aviones de la CIA habrían utilizado los aeropuertos de Canarias y Baleares para hacer escala.
Ningún Gobierno europeo -salvo Bosnia Herzegovina- reconoció abiertamente su implicación y casi un año tardó Washington en admitir la existencia de estas cárceles secretas.
Fueron varios, sin embargo, los países que abrieron investigaciones parlamentarias sobre las presuntas actividades de la CIA en sus territorios, entre las que figuraban el secuestro de un presunto terrorista egipcio en Italia y de un alemán en Macedonia.
En el ámbito europeo, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo promovieron también sus propias investigaciones.
El 7 de junio de 2006, el ponente de la investigación promovida por el Consejo, Dick Marty, presentó su primer informe, según el cual catorce países participaron en traslados "ilegales" de presuntos terroristas en vuelos de la CIA a cárceles secretas.
La investigación atribuía a Polonia y Rumanía la posibilidad de albergar centros ilegales de detención. Y citaba a España, Alemania, Chipre y Turquía como "plataformas" de vuelos.
El informe clasificaba además a Irlanda, Reino Unido, Portugal, Grecia e Italia como "escalas" europeas en los vuelos de "transferencia ilegales" y añadía como "puntos de embarque puntual" aeropuertos de Suecia, Macedonia y Bosnia, entre otros.
