La colección de registros telefónicos en poder del Gobierno de EE.UU. excede lo que el Congreso había permitido, determinó un tribunal federal de apelaciones que pidió la intervención del Congreso para decidir el mejor modo de equilibrar la seguridad nacional con los intereses privados.
Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones de Manhattan (Nueva York) permitió la continuación temporal del programa de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) tal como existe, pero prácticamente imploró al Congreso que defina mejor sus límites.
“En vista de los intereses de seguridad nacional esgrimidos, consideramos prudente hacer una pausa para dar la oportunidad de un debate en el Congreso que pueda o no alterar profundamente el panorama legal”, dijo el juez Gerald Lynch.
“Si el Congreso decide autorizar la colección de los datos deseados por el Gobierno bajo condiciones idénticas a las vigentes, el programa continuará en el futuro bajo dicha autorización”, dijo el fallo. “Si el Congreso decide instituir un programa modificado sustancialmente, las cuestiones constitucionales diferirán por cierto considerablemente de las planteadas actualmente”.
Los jueces de apelaciones dijeron que las cuestiones planteadas en una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles ilustra la complejidad de equilibrar los intereses privados con la seguridad nacional.
