La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, aseguró hoy que el Estado sólo pagará algunos gastos en los que incurrió la firma brasileña OAS, con la que el Gobierno anuló de "mutuo acuerdo" un contrato por 523,7 millones de dólares para la concesión de una carretera de 58 kilómetros.
Chinchilla afirmó que Costa Rica no pagará una indemnización por las ganancias que dejará de percibir la empresa debido a la cancelación del contrato, y que únicamente se reconocerán gastos en los que ha incurrido hasta el momento y que deberán ser certificados por OAS.
"Una rescisión de mutuo acuerdo garantiza que la empresa desista de cualquier demanda de lucro cesante (...) y se tiene que ser muy celoso en garantizar que los costos que se vayan a pagar sean aquellos que se puedan justificar", declaró la mandataria en una conferencia de prensa.
Chinchilla anunció la noche del lunes en una cadena de televisión el finiquito del contrato luego de varias semanas de una fuerte presión de las comunidades vecinas a la carretera, así como de sectores políticos, laborales y sociales.
La presidenta reiteró este martes que era "muy difícil" seguir avanzando con el contrato debido a la "coyuntura" existente.
Durante la cadena del lunes la presidenta dijo que no era "conveniente llevar adelante un proyecto que ha recibido rechazo de diversos sectores".
Chinchilla reveló este martes que el pasado viernes sostuvo una reunión con representantes de OAS para explorar escenarios que abarcaron desde una renegociación hasta el finiquito.
Agregó que los representantes de OAS mostraron "flexibilidad con cualquier escenario por el que el Gobierno decidiese optar".
La concesión era por 30 años para un tramo de 58 kilómetros de la carretera interamericana, principal vía del país, cuyas obras se valoraron en 523,7 millones de dólares.
El tramo parte de San José hacia el oeste hasta llegar a la comunidad de San Ramón, provincia de Alajuela.
Diversas comunidades por las que pasa la vía se unieron en el llamado Foro de Occidente y ejercieron una fuerte oposición que generó una amplia cobertura mediática.
Los vecinos afirman que la concesión era demasiado cara y que debían pagar una suma excesiva en peajes (unos 8 dólares ida y vuelta) por una carretera que no será ampliada en su mayor parte, sino reconstruida.
