DATOS Y EVIDENCIAS DEL HECHO
- 2008 en octubre de ese año, el entonces presidente Álvaro Uribe destituyó a 27 militares.
- 3 generales también fueron dados de baja por omitir crímenes de lesa humanidad.
- 4,470 uniformados están vinculados con investigaciones y procesos penales en la fiscalía.
La Corte Penal Internacional podría intervenir en Colombia para investigar unas 3,000 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares, advirtió el fiscal general Eduardo Montealegre.
“Si la justicia colombiana no realiza una investigación exhaustiva, no lleva a los responsables ante tribunales y no investiga de acuerdo con los estándares de macrocriminalidad con que deben investigarse las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, Colombia se expondría no solamente a una condena ante el sistema interamericano, sino a una intervención de la Corte Penal Internacional”, aseveró Montealegre en una entrevista con el diario bogotano “El Tiempo”.
A finales de 2008, luego de denuncias periodísticas, se estableció que muchas de las bajas reportadas por integrantes de las Fuerzas Armadas contra la criminalidad, en realidad eran asesinatos perpetrados contra civiles inocentes, una modalidad que desde entonces se conoce en el país como “falsos positivos”.
El caso más emblemático fue la desaparición y posterior asesinato de 11 hombres de Soacha, una barriada del sur de Bogotá. Los más de 50 militares vinculados a estos 11 homicidios actualmente están libres por errores de procedimiento en los procesos penales.
“Si no hay justicia en Colombia, las personas responsables de los ‘falsos positivos’ podrían ser investigadas por la Corte Penal Internacional. Ese es el gran desafío de la justicia colombiana: llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias sobre lo que pasó con esas ejecuciones extrajudiciales”, agregó Montealegre, un abogado penalista de 55 años y quien está al frente de la fiscalía desde hace nueve meses.
El funcionario recordó que la CPI “puede establecer responsabilidades individuales. Teóricamente, la Corte Penal Internacional tiene competencia para investigar a un jefe de Estado o exjefe de Estado, o a un ministro cuando la justicia nacional no actúa”.
Para tratar de evitar que haya impunidad en las investigaciones por esas ejecuciones extrajudiciales, observó Montealegre, “la Fiscalía no va a enviar a la justicia penal militar ninguno de los casos en los cuales se compruebe o existan indicios de que se trata de un ‘falso positivo’ y no de una muerte legítima en combate”.
El fiscal general se lamentó de que las indagaciones por “falsos positivos” hayan sido orientadas individualmente y no en conjunto.
“Tres mil víctimas directas y las investigaciones se están haciendo de forma individual, fragmentada y sin mirar las posibles conexiones entre unos y otros”.
En su concepto, “en estos casos hay que determinar si estamos frente a lo que se ha denominado “delitos de sistema”. Es decir: violaciones programáticas y estratégicamente calculadas. Ataques planificados contra derechos humanos por motivos políticos, religiosos, étnicos o económicos”.
Según la Fiscalía, hasta el 31 de mayo, 523 militares habían sido condenados por casos de “falsos positivos”. Otros 4,470 uniformados están vinculados con investigaciones y procesos penales en la Fiscalía y en juzgados del país.
