La situación de los paramilitares que quieran desmovilizarse pero que tengan procesos judiciales en contra por crímenes de guerra o narcotráfico es el "cuello de botella" de una negociación que se inició con estos grupos, admitió ayer el Gobierno colombiano.
El comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, alertó sobre la necesidad de tener una herramienta jurídica que brinde una alternativa distinta a la cárcel a los miembros de los grupos alzados en armas acusados de estos crímenes o de lo contrario, afirmó, "el proceso se puede torpedear".
"Llegamos a un cuello de botella. Ese es un semáforo en rojo. Yo he dicho que no tenemos instrumentos. A una persona que esté procesada por delitos atroces no le podemos ofrecer alternativa distinta que la cárcel. Esa es la realidad y eso podría frenar el proceso de desmovilización", reconoció Restrepo.
En una entrevista con el semanario El Espectador, el funcionario urgió a la aprobación por parte del Congreso colombiano de la denominada Ley de Alternatividad Penal, que otorga libertad condicional a miembros de grupos armados acusados de crímenes atroces, siempre y cuando se acojan a un plan de paz.
Restrepo insistió en que si el proyecto de ley no es aprobado "se podría frenar el proceso de desmovilización" con los grupos de extrema derecha, iniciado el martes pasado en Medellín con el desarme de 855 miembros del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
"Queremos avanzar en la desmovilización pero es evidente que no hay elementos jurídicos para llegar a una negociación exitosa ni con los jefes de las autodefensas ni con los jefes de las guerrillas", añadió.
Finalmente, el funcionario rechazó las críticas de algunos observadores en el sentido que el proceso de desmovilización fue apresurado y que éste llevará a la impunidad.
"Si hay 800 hombres matando y dicen que van a dejar de matar, ¿qué se puede hacer: decirles que se queden matando un año más mientras se organiza la desmovilización? Creo que lo rápido es que la gente deje de matar. Que no tengamos todos los instrumentos legales es otra cosa", concluyó.
Por su parte, el máximo jefe del bloque paramilitar colombiano que se desmovilizó el pasado martes, Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna" o "Adolfo Paz", aseguró que no está dispuesto a pagar "un solo día de cárcel", según declaraciones publicadas ayer por el diario El Tiempo.
"Adolfo Paz no está dispuesto a pagar un sólo día de cárcel", afirmó el comandante del BCN. Murillo, quien fue entrevistado en algún sitio del municipio de San Rafael del Pirú, en el norteño departamento de Córdoba, se refirió así a la situación jurídica de los paramilitares acusados de crímenes de lesa humanidad y narcotráfico.
"Vamos a mantener la movilización cívica. No podemos dar cifras, pero las informaciones de todo el territorio es que tenemos una jornada absolutamente exitosa. La solución está en manos de cada uno de nosotros (...); el fin está cerca", dijo Enrique Mendoza, líder de la Coordinadora Democrática, la principal alianza "antichavista".
Mendoza agregó en rueda de prensa que la oposición activó un "macrooperativo" en todo el país para captar a los firmantes rezagados que aún no han podido estampar su firma para pedir un referendo contra el mandato de Chávez y 33 diputados oficialistas.
La operación consiste en transportar a los firmantes hacia puntos de recogida itinerante de firmas y en una mayor información de los centros donde ya se agotaron las planillas elaboradas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con papel de seguridad.
"A medida que se vayan agotando las planillas, vamos a decirle a la gente a dónde pueden dirigirse", señaló Mendoza, y agregó que en los dos primeros días de la jornada opositora "el 85.8% ha transcurrido sin ninguna incidencia de toda naturaleza".
En el porcentaje restante incluyó denuncias contra "una minoría" de militares del "Plan República" de la Fuerza Armada, organizado para resguardar los procesos electorales, que "entorpecen" la labor en algunos centros de recolección de firmas, aseguró. La oposición necesita recabar hasta hoy al menos 2.4 millones de firmas para activar la consulta contra Chávez.
