El Salvador vivió en el 2017 una crisis financiera por los desacuerdos entre el oficialismo y el principal partido de oposición en el Congreso, situación que apunta a prolongarse a 2018 y que pone en peligro la aprobación del presupuesto y el pago de la deuda estatal.
El clímax de la intransigencia política se dio el 6 de abril pasado, cuando los diputados no aprobaron una millonaria emisión de bonos para evitar el impago de la deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Días después fue convocada una sesión extraordinaria en el Congreso para buscar saldar la deuda de más de 50 millones, pero fue abortada por la falta de acuerdo y los legisladores prefirieron irse a vacaciones de Semana Santa dejando al país en el impago.
Esta situación dio al traste con la imagen financiera del país centroamericano, ya que las calificadoras de riesgo lo pusieron en las categorías más bajas y la Hacienda pública se vio obligada a dejar de colocar bonos en el mercado internacional.
Las carteras de Seguridad, Educación y Salud sufrieron recortes en su presupuesto.
