La resolución fue dictada por la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones de Managua, en respuesta a un recurso de amparo que las autoridades de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) presentaron contra el presidente para obligarlo a desalojar las instituciones.
La acción judicial fue promovida después que el mandatario ordenara a la Policía resguardar el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), tras desconocer la legitimidad de las autoridades de la Sisep, que el Congreso nombró el pasado 2 junio.
El tribunal dejó sin efecto la resolución presidencial y pidió a la Policía y al Ejército que se abstengan de conocer cualquier resolución que adopte el gobierno que obstaculice el traspaso de mando.
Bolaños anunció, sin embargo, que no acatará la orden judicial, porque dijo no enteder "qué es lo que la Corte" le pide.
No obstante, el presidente del Tribunal advirtió que si el presidente y la Policía no cumplen con la orden pueden ser acusados "por desacato".
Recordó además que la Policía está obligada a cumplir con las leyes y las resoluciones que toman los jueces por encima de cualquier disposición que tomen el presidente y el Ministro de Gobernación como jefes superiores.
La posición del Tribunal fue respaldada por el presidente de la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martines, quien dijo que los funcionarios que "desobedezcan" la ley pueden ser castigados con seis años de cárcel.
No obstante, los policías antimotines que cuidan las instalaciones de TELCOR e INAA no dejaron entrar al Superintendente de la Sisep, Víctor Guerrero, quien dijo que recurrirá a la Fiscalía para acusar al mandatario y al director de la Policía, Edwin Cordero, por desacato.
La mayoría legislativa permitió a los dos partidos reducir los poderes al presidente mediante una polémica reforma constitucional que entró en vigencia en abril pasado y controla el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, la Contraloría, entre otros organismos claves del Estado, con funcionarios que son nombrados por el Parlamento.
- El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que accedió a un pedido del gobierno de Nicaragua y viajará a ese país centroamericano en los proximos 10 días para hablar ``con todas las fuerzas"" políticas y ver si existen verdaderos obstáculos a la democracia.Insulza manifestó que la oposición está en desacuerdo con la intervención de la OEA en el conflicto de poderes nicaraguenses y efectuó severas advertencias al secretario general.
