LA CRISIS en la región sudanesa de Darfur provocó una amplia división en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU entre los países que denunciaron al Gobierno de Jartum y los que pidieron que se elimine ya el mandato del relator especial sobre Sudán.
Las diferentes opiniones se vertieron en el debate que siguió a la presentación de un informe sobre el conflicto por un grupo de expertos, que constató los pocos pasos dados por el Gobierno de Sudán para mejorar la delicada situación en Darfur, donde, señalaron, continúan perpetrándose numerosos crímenes contra la humanidad.
Egipto, en nombre del Grupo africano de países, constató "una marcada mejora sobre el terreno" y se felicitó del "excelente nivel de colaboración entre el grupo de expertos y Sudán", y anunció que este grupo ha presentado un proyecto de decisión para poner fin al mandato del relator especial sobre los derechos humanos en Sudán.
La desaparición de dicho relator, cuyo mandato es uno de los que deben ser evaluados en esta sesión del CDH -junto con los de Haití, Burundi y la RD del Congo- es una fuerte aspiración de Sudán apoyada por los africanos y algunos países islámicos, y se ha convertido en uno de los asuntos más cruciales de este consejo.
El embajador portugués, en nombre de la UE, expresó su preocupación por el hecho de que "ciertas recomendaciones a corto plazo no han sido tomadas en consideración" (por el Gobierno de Sudán) e instó a este país a poner fin a la impunidad y a llevar ante la justicia a los culpables de graves violaciones de los derechos humanos.
En particular, invitó a todas las partes en conflicto a terminar con la violencia ejercida contra mujeres y niñas.
Otros países, como Canadá, Irlanda o Reino Unido, expresaron su preocupación por los continuos informes sobre asesinatos, ataques contra civiles y violencia sexual contra las mujeres.
Darfur divide al Consejo de Derechos Humanos
Los cuatro años de violencia han causado unos 250, 000 muertos y dos millones de desplazados.
