Un juez decidió investigar al ex mandatario argentino Fernando de la Rúa por el "homicidio culposo" de cinco personas y las heridas recibidas por más de un centenar de manifestantes en el estallido social que a finales de 2001 derivó en su renuncia a la Presidencia de Argentina.
La medida fue adoptada por el magistrado Claudio Bonadío, quien además trabó un embargo de 20 millones de pesos ($6.26 millones) sobre los bienes del ex gobernante (1999-2001), informaron fuentes judiciales.
Entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001 se produjeron disturbios y saqueos a comercios en Buenos Aires, sus alrededores y otros puntos del país que causaron 30 muertos.
Al declarar hace un año ante el juez Bonadío, el ex presidente ratificó su hipótesis de que hubo un "complot" en su contra que forzó su salida anticipada del gobierno en medio de una severa crisis económica.
El magistrado trata de determinar quiénes fueron los responsables de la represión desatada contra manifestantes en inmediaciones de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.
De la Rúa también declaró que fue la jueza María Servini de Cubría quien el 20 de diciembre de 2001, sin tomar contacto con el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, "dispuso desalojar la Plaza de Mayo", frente a la Casa de Gobierno.
A finales de 2001, el gobierno de De la Rúa, debilitado por disputas internas, había implementado el impopular "corralito" financiero para frenar una fuga masiva de capitales de los bancos, lo que generó una oleada de protestas populares.
El 19 de diciembre del 2001 renunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, mientras que al día siguiente Fernando De la Rúa presentó su dimisión en medio de violentos enfrentamientos en las calles entre policías y manifestantes.
En marzo último un tribunal condenó a 15 y 6 años de prisión a un comerciante y a un custodio por dos homicidios perpetrados durante el estallido social.
