En el estado de Maine, considerado el más blanco de Estados Unidos, a miles de kilómetros de la frontera con México, el debate sobre la inmigración ilegal se está convirtiendo rápidamente en un asunto central en una de las contiendas para gobernador más observadas en el país.
Con sus comunidades estrechamente unidas y una costumbre de considerar a los no nativos como gente que “de afuera”, los locales tienen reputación de ser insulares. Pero ellos también han aceptado la necesidad de inmigrantes, derivada del envejecimiento y la declinación de la población en el estado.
El gobernador republicano Paul LePage, que busca la reelección, enturbió las aguas cuando criticó al gobierno federal por ubicar a ocho niños inmigrantes en el estado sin avisarle.
Desde enero, más de 30,000 niños, mayormente de El Salvador, Honduras y Guatemala, han cruzado la frontera sur ilegalmente y han sido colocados con familias en todo el país. Los ocho niños enviados a Maine son apenas una fracción de los miles enviados a otros estados, como Nueva York, California y Florida.
LePage dijo que el gobierno federal estaba evadiendo su responsabilidad al dejar la frontera desprotegida y pasar la carga a los estados. Afirmó que le preocupa el impacto financiero si se colocan más niños en el estado.
“Si tenemos ocho niños en el estado en estos momentos y se están usando fondos estatales para mantenerlos, hay ocho residentes de Maine que no están recibiendo prestaciones”, dijo durante una visita a un albergue de desamparados en Lewiston. “No existe una reserva inacabable de dinero”.
