El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inconstitucional la ley de amnistía y reconciliación que aprobó a finales de marzo la mayoría opositora del Congreso y que buscaba liberar al líder opositor Leopoldo López y varias decenas de los llamados “presos políticos”.
La normativa, que no contaba con el respaldo del Gobierno, fue enviada la semana pasada al tribunal por el presidente Nicolás Maduro para que la declarase “inconstitucional”.
En un mensaje divulgado el lunes a través de su cuenta en la red social de Twitter, el máximo tribunal anunció que: “Por unanimidad la Sala Constitucional del TSJ declara inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional sancionada por la AN (Asamblea Nacional)”.
El dictamen se produjo 13 días después que la Asamblea Nacional, controlada ahora por la oposición, aprobó el texto legal que contemplaba una amnistía para los llamados “presos y perseguidos políticos” de los últimos 17 años, y que según estimaciones de activistas de derechos humanos podría llegar a beneficiar a más de 5,000 personas.
La legislación exceptuaba de la amnistía a las personas que incurrieron en crímenes de guerra y en delitos de lesa humanidad, y a las autoridades o funcionarios que cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
El Tribunal Supremo de Justicia -cuyos miembros han sido designados en los últimos 17 años con el voto abrumador de los diputados oficialistas- desde la instalación de la actual Asamblea el 5 de enero se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana al revertir otras leyes aprobadas por el actual Legislativo, en un abierto enfrentamiento entre poderes.
Dato
29 de marzo de este año fue aprobada por la mayoría opositora la ley de amnistía.
70 presos políticos se verían beneficiados con esta ley que fue rechazada por Nicolás Maduro.
