Una profunda reforma del sistema penitenciario salvadoreño fue demandada ayer por políticos y organismos humanitarios, luego de la revuelta carcelaria que el miércoles dejó 31 muertos y unos 30 heridos.
"La violencia fatal del penal La Esperanza desnudó un sistema inundado de problemas que plantean necesarias reformas al sistema penitenciario, que sufre desde hace años de hacinamiento y constantes revueltas mortíferas", declaró el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos Miguel Montenegro.
La revuelta en La Esperanza, norte, se produjo el miércoles, cuando se enfrentaron un grupo de pandilleros de la denominada Mara 18, con reos comunes, en la que intervinieron autoridades.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuellar, estimó que "aunque se cambien instituciones, leyes, aunque se reformen procedimientos, si la aplicación de leyes y reglamentos está en manos como las de Garay (Rodolfo, director de Centros Penales), de nada servirán".
El peligro de mezclar pandilleros con reclusos comunes ya había sido advertido por la defensa de los Derechos Humanos, Baatrice Alamanni.
La situación en el centro penal de Mariona era ayer de tensa calma, mientras las autoridades evalúan medidas para evitar nuevos hechos de violencia.
Los pandilleros recluidos en el penal pertenecen a la "Mara 18". Hace meses se trasladaron a los presos de otras pandillas para evitar riñas causadas por rivalidades entre ellas.
El 1 de marzo pasado, dos enfrentamientos entre pandilleros en el penal La Esperanza dejaron un muerto y tres heridos.
Ayer decenas de familiares de los pandilleros muertos esperaban en las afueras del Instituto de Medicina Legal, adonde fueron trasladados la mayoría de los cadáveres para el reconocimiento legal.
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