La fiscal especial de Derechos Humanos en Honduras, Aida Romero, demandó, ayer, la revisión de una ley contra las pandillas armadas, conocidas como "maras" con la que el Gobierno busca reducir la violencia en el país.
Romero dijo que la ley, que entró en vigor en agosto pasado, contiene aspectos "que podrían violentar los derechos humanos". "Esta ley penal es abierta, es una ley en blanco y por eso debe analizarse su contenido, porque no es una disposición clara y precisa", expresó.
El presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo Sosa, no compartió las recomendaciones y anunció que no apoyará esa propuesta si se presenta a discusión en la Cámara de Diputados. Se han detenido 225 cabecillas de pandillas, desde la aplicación de la ley el 6 de agosto.
