Representantes de las víctimas del caso "Tide Méndez y otros contra República Dominicana" denunciaron la existencia de un "patrón de expulsiones masivas de personas haitianas o de ascendencia haitiana" en el país caribeño entre 1994 y 2000.
"Las expulsiones de las víctimas de este caso no son hechos aislados", dijo Paola García Rey, del equipo de la defensa, ante los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
En la presentación de los alegatos finales de la audiencia pública del caso, García Rey sostuvo que, "de acuerdo con la prueba presentada a lo largo de este proceso, entre 1994 y 2000 (...) existía un patrón de expulsiones masivas de personas haitianas o de ascendencia haitiana en República Dominicana".
García Rey citó la declaración de la coordinadora del Centro de Observación Migratoria y Desarrollo Social, Bridget Gooding, quien estimó que en ese periodo hubo alrededor de "30,000 expulsiones de este tipo al año".
También recordó que al Estado le corresponde demostrar que los hechos no sucedieron, no a las víctimas.
"El Estado se ha limitado a negar los hechos, sin embargo, no ha presentado ninguna prueba de descargo", manifestó, y lo justificó en el hecho de que "no existe ningún registro oficial de estos acontecimientos".
