El derrumbe que mantiene a 33 trabajadores atrapados hace más de un mes en un yacimiento del norte de Chile ha puesto de relieve la necesidad de fiscalizar y garantizar la seguridad en la actividad minera, reconocida como el máximo impulsor de la economía del país.
Los expertos afirman que la legislación que data de 1983 cuenta con la necesaria regulación para la seguridad de los operarios, aunque el problema está en la escasa capacidad para fiscalizar que estas medidas se cumplan.
"El reglamento de seguridad tiene más de 500 artículos. Regulación existe, el tema es cómo son los controles y las fiscalizaciones, y ahí está el típico problema de si el servicio tiene los funcionarios capacitados y si están los presupuestos", explicó a BBC Mundo el profesor de derecho minero Hipólito Zañartu.
El especialista afirmó que es en la pequeña minería es la que más dificultades existen, aunque el accidente del yacimiento San José puso de manifiesto que a veces no se cumplen los mínimos estándares en la mediana actividad.
El suceso que mantiene a Chile y a parte del mundo con los ojos puestos en el desierto de Atacama hizo que se tomaran decisiones drásticas, como la destitución de la plana mayor del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la modificación de este organismo, por medio de la creación de una superintendencia para la actividad minera.
El Gobierno de Sebastián Piñera formó un comité asesor externo para analizar el reglamento de seguridad y entregar sus conclusiones en 90 días.
