Una mejoría del clima ayer atenuó levemente la desolación provocada por una inédita inundación que ya dejó nueve muertos y 60,000 evacuados en la provincia argentina de Santa Fe (centro-este).
Emilia Villalba, de 65 años, se convirtió en la víctima fatal número nueve en la ciudad de Santa Fe (476 km al norte de Buenos Aires), cuando fue rescatada de las aguas "con la mano aferrada a un llavero", dijo el oficial de la Prefectura Carlos Alberto Gasparini.
La ciudad de Santa Fe, de 400,000 habitantes, amaneció soleada ayer, con las aguas en retirada en parte del casco céntrico debido a que la noche del miércoles había sido volado con dinamita un terraplén que permitió bajar el nivel de las aguas, aunque en los barrios más alejados llegaba a los techos de las viviendas. La población reclamó alimentos y agua ya que, según dijeron, no les ha llegado nada de la ayuda que se destina a Santa Fe desde otras provincias y el gobierno federal.
El 5 de septiembre de 2001 el procurador de la nación, José Antonio Sossa, presentó ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley sobre delitos contra el ambiente.
El 26 de diciembre del 2002 se aprobó en primer debate, se efectuaron algunas modificaciones y se suprimieron algunos artículos. Uno de los artículos derogados se refiere a los delitos contra la tramitación documental ambiental, es decir, al estudio de impacto ambiental (documento de prevención del daño ambiental) que según el fiscal Olmos, debe ser reconsiderado.
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