UN PAÍS QUE ENFRENTA CATÁSTROFES
- 80% es la pobreza que registra Haití que también tuvo que enfrentar al huracán Sandy.
- 60% es la tasa de mortalidad infantil que manejan los organismos internacionales.
- 8 mil personas han muerto desde 2010 a causa de la epidemia de cólera.
La realidad no ha cambiado en Haití para más de 350,000 damnificados del terrible sismo del 12 de enero de 2010, quienes cumplen tres años viviendo bajo carpas y en condiciones muy difíciles en la capital haitiana.
La Fuerza de Reflexión y Acción para el Alojamiento (FRAKKA, en créole, idioma oficial), que calcula que puede haber hasta 400,000 personas actualmente en refugios precarios, coincide con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA) en que “no hay verdaderamente cambios en la situación de vida de la gente en los campamentos”.
Ghislaine, que vive en un campamento de la costa oeste de la capital con sus cuatro niños, tuvo que enfrentar recientemente una operación policial para desalojar a los ocupantes del terreno, que pertenece a la compañía nacional de electricidad.
“Pedimos una única cosa a la administración política de Michel Martelly: ¡que nos saque de debajo de las carpas!”, exclamó en declaraciones a la prensa local, al tiempo que pidió al jefe de Estado que mantenga sus promesas de la campaña electoral, cuando dijo que había tierras y recursos, así como la voluntad de alojar de nuevo a los damnificados.
Precisamente el gobernante, aunque cifró en 357,000 el número de personas en campamentos, dijo que el número de campos se ha reducido de 1,001 a 496 y destacó el programa “16/6”, que su administración lanzó en 2011 para facilitar a gente de 16 campos reingresar a sus viviendas en 6 barrios, lo que permitió liberar parques como el emblemático “Champ de Mars” y otros.
Pero, para el secretariado ejecutivo de la Plataforma de Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos (POHDH), Antonal Mortimé, estas gestiones de realojamiento del Gobierno no son más que una “expulsión forzada sin brutali
dad”.
Estimó que la administración pública no está en condiciones de decir dónde están las familias damnificadas que pudieron dejar los parques públicos gracias a este programa, con una ayuda de $470 ofrecida por el Gobierno. Tres años después de la catástrofe, el tema del alojamiento de los damnificados es uno de los grandes asuntos pendientes, como también ponen de manifiesto organismos internacionales.
