El gobierno de EU apaciguó la tormenta política que generó una acusación del fiscal de Florida, Paul Pérez, según la cual la mafia sobornó al entonces presidente, Ernesto Samper (1994-1998), y a congresistas para que impulsaran la prohibición de que los extraditados fueran juzgados por delitos anteriores a 1997. Si bien Bogotá dio por superado el tema luego de que el embajador de ese país, William Wood, desautorizara a Pérez, líderes políticos y analistas consideraron que el hecho evidencia la preocupación de Washington por los beneficios que se otorgarán a los paramilitares desmovilizados.
"Llama poderosamente la atención las coincidencias entre las advertencias hechas por el fiscal y denuncias según las cuales la Ley de Justicia y Paz -propuesta por el gobierno- contiene normas que impedirían que narcotraficantes burlen la extradición", opinó el senador Darío Martínez.
"En el proyecto que estudia el Congreso y de cuya suerte depende un proceso de paz con los paramilitares está pendiente el tema de la conexidad entre delitos atroces y narcotráfico. Ronda el tema de la extradición como fantasma", añadió.
Desde que comenzó su discusión en el Congreso, el 15 marzo, políticos de la oposición han denunciado que el proyecto contiene normas "amañadas" diseñadas por los jefes paramilitares que buscan evadir los pedidos de extradición que pesan en su contra por narcotráfico.
El proyecto tipifica la conducta de los paramilitares de delito de sedición y la Constitución prohíbe la extradición por razones políticas.
