La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones, apeló a la Organización de Estados Americanos (OEA) en un intento de suspender el proceso que le puede costar el cargo, mientras aguarda que se fije la fecha definitiva del juicio aprobado por el Senado.
La demanda fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, el cual explicó que la mandataria aparece entre los firmantes en calidad de "víctima" de un proceso "ilegal".
Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, ambos del PT, explicaron que la demanda ha sido preparada por juristas brasileños y argentinos y exige a ese organismo de la OEA una medida cautelar que "suspenda" el juicio político, hacia el que el Senado ha dado un nuevo y casi definitivo paso.
Mientras tanto, el pleno del Senado aprobó por 59 votos frente a 21 un informe que acusa a Rousseff de irregularidades fiscales, con lo cual el proceso se encamina hacia su conclusión.
La última fase será una nueva votación en el Senado, en el que sus 81 miembros decidirán si finalmente la mandataria es destituida, para lo cual será necesaria una mayoría calificada de 54 votos (dos tercios), superada con cierta holgura ayer.
La fecha para esa última sesión será fijada en los próximos días por la Corte Suprema, que deberá convocarla para fines de este mismo mes.
Frente a lo que parece la inminente destitución de Rousseff, los diputados del PT afirmaron que van a "pelear en todas las esferas, sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este golpe y que se restablezca en el país la normalidad democrática".
La defensa de Rousseff, así como la demanda presentada a la OEA, niega los cargos contra la mandataria, acusada de irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir decretos que alteraron los gastos sin autorización del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.
Sin embargo, la defensa sostiene que en ninguno de esos casos hubo una "participación directa" de Rousseff ni hubo dolo que, en su opinión, serían requisitos fundamentales para sostener la acusación.
Desde junio pasado, la CIDH tiene como secretario ejecutivo al brasileño Paulo Abrao, quien ocupó el cargo de secretario nacional de Justicia durante la gestión de Rousseff.
En mayo pasado, antes de que Abrao asumiera ese cargo, la CIDH se pronunció sobre la situación de Brasil y expresó "preocupación" por algunas medidas adoptadas por el presidente interino, Michel Temer, quien sustituye a Rousseff desde ese mismo mes.
Celebran
El gobierno del presidente interino de Brasil, Michel Temer, recibió con "alegría" la decisión del Senado de avanzar hacia la fase final del proceso de destitución de la mandataria suspendida, Dilma Rousseff, dijo una fuente oficial.
"El presidente tenía la expectativa de que el Senado continuara tributando confianza a su proyecto de gobierno" y "hemos visto un número grande de senadores que votaron a favor de su permanencia, lo cual es recibido con alegría", declaró a periodistas el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha.
Según Padilha, el presidente del Senado, Renán Calheiros, tiene la intención de que esa fase dure entre tres y cinco días y comience el 25 de agosto.
