El juicio de destitución de la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, quedó ayer a solo dos pasos de concluir, tras la aprobación de un informe que pide avanzar en el proceso que puede despojarla de su mandato a fines de este mismo mes.
El informe que acusa a Rousseff de haber "atentado contra la Constitución" fue aprobado por 14 votos a favor y 5 en contra en la última sesión de una comisión de senadores que fue responsable de la instrucción de un proceso que ahora pasará al pleno del Senado, que tendrá la última palabra.
El presidente de la comisión, Raimundo Lira, se abstuvo de votar, pese a que dio su opinión favorable al informe del instructor, Antonio Anastasia, quien consideró a Rousseff culpable de diversos delitos relacionados con la gestión de los presupuestos.
La votación supuso también la conclusión de los trabajos de ese colegiado, que durante casi tres meses escuchó a 39 testigos de la defensa y apenas 4 de la parte acusadora y cuyo informe final será remitido al pleno del Senado, que se reunirá para una primera votación el martes.
Si el informe aprobado por la comisión es respaldado por mayoría simple de 41 votos entre los 81 posibles, el pleno del Senado será convocado para una última sesión por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandoski.
Según los plazos legales del proceso, esa última sesión deberá realizarse a fines de este mes y se calcula que pudiera durar entre tres y cinco días, debido a que habrá espacio para debates y para la presentación de testigos de la acusación y la parte acusadora.
En esa definitiva instancia, Rousseff será despojada del cargo en caso de que así lo decida una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios de la Cámara Alta.
Rousseff, según fuentes de su entorno dijeron a Efe, asistió por televisión a la votación de ayer con unos pocos miembros del equipo que continúa con ella en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia que aún ocupa.
En el Partido de los Trabajadores (PT), que la llevó al poder, según fuentes políticas, fueron muy mal recibidas unas declaraciones de Rousseff, quien afirmó que el partido debería hacer un "reconocimiento público de sus errores", en alusión a los asuntos de corrupción entre sus líderes.
Un indicio de ese distanciamiento se vio ayer en una reunión que la dirección nacional del PT celebró en su sede de Sao Paulo, en la que la situación de Rousseff ni siquiera figuró en la agenda.
La discusión se centró en las elecciones municipales de octubre, en las que el PT intentará salvar algo de los platos rotos con el juicio contra la presidenta.
Rousseff aún conserva el apoyo de menguados movimientos sociales, que han convocado a protestas sobre todo en Río de Janeiro para este viernes, cuando en esa ciudad se inauguran los Juegos Olímpicos en un acto al que irá Temer.
