"Como jefe del Gobierno sacaré todas las conclusiones necesarias en el curso de los próximos días", dijo Villepin en la sesión de control al Ejecutivo en la cámara de los diputados.
Se refería a las negociaciones iniciadas entre sindicatos de trabajadores y estudiantes, que reclaman la revocación del CPE, y los líderes parlamentarios del partido conservador gobernante, UMP, presidido por su rival y número dos del Gobierno Nicolas Sarkozy.
Algunos analistas han visto en la declaración de Villepin una advertencia lanzada a Sarkozy contra el abandono de su "criatura", el CPE, en las negociaciones, so pena de que pudiera dimitir.
Algo que no convendría en este momento a Sarkozy, porque aspira a auparse al Elíseo en las elecciones presidenciales de 2007.
La semana pasada y antes de quedar desposeído de la búsqueda de una solución a la crisis del CPE, Villepin cometió un revelador lapsus cuando habló de la "dimisión" en lugar de la "decisión" del Consejo Constitucional sobre el contrato.
Un nuevo sondeo muestra que un 45% de los franceses desean la renuncia de Villepin a su cargo, frente a un 49% que prefiere que siga en su puesto.
Esta encuesta muestra también que sólo un 28% de los sondeados están satisfechos con su labor.
Los doce sindicatos de trabajadores y de estudiantes opuestos al Contrato del Primer Empleo (CPE) endurecieron el tono al exigir que se vote una propuesta de ley para derogar esa reforma laboral antes del próximo día 17.
En una declaración conjunta, la intersindical anti-CPE condicionó la apertura de negociaciones sobre el empleo y la formación de los jóvenes a que el Parlamento vote la derogación del CPE antes de las vacaciones de Pascua.
Si su exigencia no es escuchada, las 12 organizaciones advierten que están "dispuestas" a continuar con la movilización "sin excluir ningún medio de acción".
La polémica no se resolverá con la aprobación de una ley en el Senado, ya que lo que se decida deberá sintetizarse con la versión aprobada en diciembre por la Cámara de Representantes.
Esta no incluye la figura de trabajadores temporales y en cambio enfatiza los temas de seguridad y controles policiales.
Criminaliza la inmigración ilegal y el que personas o instituciones presten asistencia a indocumentados sin participar a las autoridades.
Además, autoriza la construcción de nuevos muros en la frontera con México.
El hecho de que este sea un año electoral para los legisladores añade problemas a la discusión. Toda la Cámara de Representantes y un tercio de la de senadores se renovarán en noviembre.
Por eso, cada parlamentario está pendiente del pulso de la opinión pública. El problema es que esa opinión es tan diversa como las posiciones que se han visto en el Senado por estos días.
El presidente George W. Bush, urgió al Congreso a que apruebe la reforma migratoria cuando el debate en el Senado está inmerso en una pugna partidista.
Los republicanos, divididos como están, tratan de negociar una alternativa con la que puedan lograr más adeptos, lo que se perfila como una tarea hercúlea, reconoció hoy el líder de la mayoría republicana, Bill Frist.
En diciembre, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto del republicano James Sensenbrenner que convierte en criminales a los indocumentados. Por ahora, la presencia ilegal en EU es sólo una violación del código civil.
Los legisladores a favor y en contra del programa de trabajadores temporales se han atrincherado en sus posiciones, por lo que la verdadera batalla ocurrirá durante la homologación de los dos proyectos.
