La disolución de los servicios de inteligencia argentinos anunciada por Cristina Fernández y la creación de una agencia federal tras el escándalo por la muerte del fiscal Alberto Nisman no despeja las sombras sobre el funcionamiento de la llamada “cloaca” del Estado.
Cristina Fernández sacudió de nuevo el ya revuelto patio político argentino el lunes, cuando retomó la iniciativa política anunciando un golpe contra la estructura de inteligencia y alimentó la teoría de la conspiración para desestabilizar a su Gobierno.
Postrada en silla de ruedas, en su residencia presidencial y vestida íntegramente de blanco, Fernández cuidó cada detalle en el mensaje grabado que dirigió a los argentinos por cadena nacional.
La presidenta vinculó a la inteligencia con la muerte de Nisman, con el boicot al acuerdo alcanzado con Irán, con las sucesivas denuncias en su contra y con intereses ocultos para que no se descubra la trama del atentado contra la AMIA.
La agencia que propone Fernández concede más poder a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Alejandra Gils Carbó, una mujer de la plena confianza de la mandataria, blanco de las críticas de la oposición por su parcialidad política.
