La Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú recibió con "alegría y optimismo" la invitación que les hizo el canciller de ese país, Héctor Timerman, para dialogar sobre una solución al conflicto por la instalación de una industria papelera en la vecina uruguaya de Fray Bentos.
La cita con Timerman, prevista para la semana próxima, será "una buena oportunidad" para discutir la forma de monitorear a la fábrica de la firma finlandesa UPM (antes Botnia), afirmó hoy el asambleísta Roberto Marchesino.
"Tenemos muchísimas cosas para conversar, sobre todo lo que es el plan de monitoreo" de la planta, apuntó a radios locales luego de reiterar que los ecologistas esperan "con optimismo" la reunión con el jefe de la diplomacia argentina.
"En la asamblea del miércoles pasado habíamos aprobado pedir una reunión con Timerman", recordó.
Hace diez días, con el fin de facilitar las negociaciones, los ecologistas de Gualeguaychú levantaron por el plazo de dos meses el bloqueo del paso hacia Fray Bentos, que regía desde noviembre de 2006, en pleno conflicto bilateral.
Los ambientalistas advirtieron, sin embargo, que reanudarán el corte si en estos 60 días no hay avances en los controles ambientales a la planta.
La protección del ambiente en el río Uruguay, hito fronterizo entre ambos países donde se levanta la factoría de UPM, será motivo de las conversaciones que Timerman mantendrá hoy en Montevideo con el canciller uruguayo, Luis Almagro.
El canciller argentino consideró este martes que el país se encuentra "en la recta final para resolver" la controversia con Uruguay y anticipó que el Gobierno está preparado "para empezar el monitoreo a partir de hoy al mediodía".
Timerman dijo en declaraciones radiales que hoy presentará a Almagro la propuesta argentina para un "monitoreo de todo el río Uruguay, de acuerdo con los estándares de control medioambientales que hay en el mundo".
"Esta propuesta supera lo previsto en (el fallo que en abril emitió la Corte Internacional de Justicia de) La Haya, es mucho más amplia. Se trata de un monitoreo absoluto, abierto y en tiempo real, para que toda la ciudadanía de ambos pueblos estén enterados que es lo que sucede con el medioambiente en el río", precisó a radio Del Plata de Buenos Aires.
El tribunal de La Haya dictaminó que no está demostrado que la planta sea contaminante, culpó a Montevideo de violar el acuerdo bilateral de administración del río al autorizar su instalación e instó a las partes a hacer controles conjuntos.
El canciller también explicó que a Argentina no le "molestaría" que se incorporen "científicos internacionales" a los controles, aunque reiteró que la intervención de Brasil pedida por Uruguay debe ser decidida por los presidenta argentina, Cristina Fernández, y su par uruguayo, José Mujica.