La educación en derechos humanos progresa en los textos normativos de América Latina, según un informe que presentó hoy en Lima el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
En este estudio se subraya que si bien "es auspicioso comprobar que en la región sigue aumentando la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos", aún queda mucho para que esos avances "se plasmen en impactos reales en la mejora de dignidad, la vida y las relaciones de todos los actores educativos".
Este es el sexto estudio que el IIDH realiza sobre el tema.
El Informe de la Educación en Derechos Humanos del IIDH estudia la incorporación de leyes que impulsen los derechos humanos en la legislación educativa de 19 países suramericanos que han suscrito la convención americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
El análisis considera todos los países hispano parlantes del continente, salvo Cuba y Honduras.
Establecer la existencia de previsiones constitucionales en relación al derecho a la educación, financiación y obligatoriedad de la educación y analizar la incorporación de la educación en derechos humanos en otras normas legales son los objetivos de estos informes, que se han producido desde 2002.
Según este estudio, todos los textos constitucionales de la región incorporan el derecho de los ciudadanos a recibir educación, y obligan al Estado a ofrecerla como un servicio público, aunque tan solo 7 recogen en su carta magna la previsión presupuestaria para eso.
Asimismo, todos los países consagran la escolaridad obligatoria, por un período que va entre 6 y 13 años.
En este sentido, el informe señala que en los últimos años varios países de la región han incrementado el número de años de educación obligatoria.
El IIDH estudió especialmente este año la participación del alumnado en la gestión educativa, lo que a su juicio "contribuye a fijar aprendizajes en los derechos humanos desde la primera edad escolar y los convierte en puntos de referencia para la vida y los valores".
Así, "la práctica del gobierno escolar en edades tan críticas como los 10 y los 14 años es una necesidad ética que será rentable para la preservación de la democracia en el siglo XXI".
Según los datos expuestos por el informe, en 1990 tan solo 8 países reconocían en sus normas alguna forma de organización estudiantil, mientras que en 2000 16 países ya lo hacían.
