Cuando Fernando Lugo ya no tenía a quién acudir en su solitaria batalla por conservar la presidencia, el exobispo apeló a lo que muchos en América Latina consideran desde hace tiempo la autoridad suprema de la región.
Pidió ayuda del Gobierno estadounidense. Salió disimuladamente del palacio presidencial y se reunió por más de una hora con el embajador estadounidense James Thiesen, en tanto los legisladores se preparaban para entablarle al día siguiente un juicio político.
Y mientras el líder de izquierda estaba almorzando con el embajador, la oposición derechista también se puso en contacto con la Embajada estadounidense en las horas previas a la destitución del mandatario.
Los planteamientos que hicieron ambos bandos en estos momentos críticos, y la respuesta de Estados Unidos, son un misterio. Thiesen declaró a The Associated Press que no haría comentarios hasta que se difundiese el informe de una delegación investigadora de la Organización de Estados Americanos.
En público, el Departamento de Estado se mantuvo neutral, por más que la destitución de Lugo conmocionó a Paraguay y líderes regionales hicieron presión sobre su pobre vecino, que carece de salida al mar, para evitar lo que ahora califican como un “golpe institucional”.
¿Debería haber hecho más Estados Unidos por defender a Lugo, a pesar de que había perdido la confianza de casi todos los legisladores, con excepción de un puñado, en un país donde la Constitución contempla la destitución del presidente por el “mal desempeño” de sus funciones con dos tercios de los votos en el Congreso?
Mucha gente en la región -en su mayoría izquierdistas- opina que sí, y algunos culpan a los estadounidenses por la caída de Lugo.
Las teorías de la conspiración abundan en Latinoamérica, pero la realidad es que no había mucho que pudieran hacer Estados Unidos y otros Gobiernos para proteger a Lugo, según el exdiplomático estadounidense Arturo Valenzuela.
OTRAS MANOS
- [B]El gobierno de Barack Obama[/B]ha tomado distancia en este tipo de crisis políticas. En Libia, Egipto, Siria y ahora Paraguay, se han remitido a las organizaciones regionales y los países vecinos.
