El ejército mexicano devolvió a la policía de Tijuana más de 2,100 armas de fuego, tres semanas después de haberlas confiscado para investigar alegaciones que relacionaban a agentes con traficantes de drogas.
Durante la entrega del armamento, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Luis Javier Algorri, demandó al fiscal general de la República, Eduardo Medina Mora, una aclaración pública para "desagraviar" a la policía local y un informe sobre el resultado de la revisión de las armas.
El desarme había provocado el descontento de los policías, que realizaron varias manifestaciones para exigir al Gobierno federal que demostrara sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Algunos policías rehusaron patrullar sin armas y cientos de ellos portaron hondas de plástico (biombos) y bolsas con piedras como munición para protegerse.
Algorri dijo que el anuncio de la devolución se produjo el viernes a la noche, pero que no se entregaron las armas a los policías hasta comprobar que se trataba de las mismas que el ejército se llevó el 4 de enero pasado.
La policía de Tijuana, ciudad fronteriza al noroeste de México y una de las ciudades mexicanas más violentas y sede del cártel mafioso de los hermanos Arellano Félix, está integrada por unos 2,000 efectivos.
El Gobierno federal lanzó el pasado 2 de enero un amplio operativo policial y militar en Tijuana como parte de su estrategia contra el crimen.
