El canciller del Perú, José Antonio García Belaúnde, afirmó hoy que el presidente de Bolivia, Evo Morales, "no tiene autoridad" para criticar a su país por haber asilado a tres ex ministros bolivianos, ya que él refugia y paga "un sueldo" a un peruano acusado por terrorismo.
García Belaúnde respondió de esa manera a unas declaraciones de Morales, quien reiteró el fin de semana pasado sus críticas al asilo otorgado a los ex ministros y dijo que "antes los delincuentes se escapaban a EE.UU., ahora se escapan a Lima".
"No tiene autoridad, quien le da refugio y le da sueldo a un delincuente terrorista, a hablar de esas cosas. Y no solo está con refugio, sino con sueldo del Gobierno (boliviano)", señaló el canciller en declaraciones citadas por la agencia oficial Andina.
Recordó que el Gobierno peruano hizo los trámites para que la Corte Suprema de Bolivia extradite al ciudadano peruano Walter Chávez, quien goza de estatus de refugiado político y fue asesor de Morales.
El ministro dijo que esto se dio a pesar de que Chávez es acusado en Perú de tener vínculos con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
García Belaúnde enfatizó que el pedido de extradición fue denegado y que las autoridades peruanas aceptaron el veredicto de la Corte Suprema de Bolivia.
El canciller señaló, además, que su ministerio cumplirá con entregar el exhorto cursado por Bolivia ante el Poder Judicial de Perú para extraditar a los ex ministros bolivianos Jorge Torres, Mirtha Quevedo y Javier Tórrez, acusados de genocidio en su país.
Las declaraciones ofrecidas por Morales el pasado fin de semana motivaron las críticas de diversas autoridades peruanas, entre ellas el congresista y ex canciller Luis González Posada, quien dijo que el gobernante debía buscar "tratamiento psiquiátrico" para controlar sus constantes ataques al Perú.
Esto fue rechazado por el viceministro boliviano de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, quien consideró que esas afirmaciones eran "un insulto" y "una diatriba" contra Morales.
Bolivia remitió esta semana a Lima la documentación judicial para solicitar la extradición de los tres ex ministros acusados de genocidio por su supuesta responsabilidad en más de 60 muertes en la represión a protestas en el 2003.
