Perspectiva
- No hay igualdad
- El Grupo Clarín cuestiona que se permita a las empresas estatales de televisión tener cobertura en todo el país, mientras a los actores privados se les da “solo 35% del mercado''.
- Transmisión
- También cuestionan que se les impida tener un canal de televisión abierta y otro por cable en una misma ciudad.
- Interrogantes
- Clarín es la única empresa que cuestionó la constitucionalidad de varios aspectos de la ley que fue aprobada por el peso del peronismo oficialista en el Congreso con la amplia adhesión de grupos opositores de centroizquierda.
- Causas
- Según el grupo, la norma fue impulsada por la presidenta para destruirlo y posibilitar la aparición de medios afines al Gobierno.
La áspera batalla judicial que libran desde hace cuatro años el Grupo Clarín y la presidenta Cristina Fernández, en la que ambos ponen en juego su imagen y poder ante la opinión pública argentina, entrará en una etapa definitiva cuando hoy se celebre una audiencia entre las partes convocada por la Corte Suprema.
Hoy, litigantes del oficialismo y del poderoso grupo de medios tendrán la última oportunidad para esgrimir sus argumentos ante el alto tribunal, que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de cuatro artículos de una ley de medios aprobada en 2009.
El fallo de la Corte sobre este litigio es esperado con gran expectativa por medios de comunicación y políticos argentinos en el marco de un escenario cada vez más crispado y polarizado, y será leído casi de forma inmediata como un triunfo o una derrota de Clarín o de Cristina Fernández, aún si la Corte emite una solución salomónica.
“Esa es la interpretación (del fallo) que se hará teniendo en cuenta la polarización que existe en algunos sectores del país acerca de éste y otros temas”, dijo Daniel Sabsay, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires.
Problema
La batalla judicial se centra en el artículo 45 de la Ley de Medios aprobada en 2009, que fija restricciones a la multiplicidad de licencias audiovisuales en el ámbito nacional y local, lo que ha desatado una batalla épica entre la mandataria y el grupo de medios más poderoso del país, propietario del diario de mayor circulación regional, con 800,000 ejemplares el domingo, y una serie de canales de televisión, entre otros.
El acatamiento de la ley de medios por parte de Clarín es una suerte de reto personal para Fernández, que sostiene que el grupo mediático intentó “destituirla” en 2008, tal como le dijo a su biógrafa, cuando respaldó las protestas de productores agropecuarios en contra de la decisión oficialista de aumentar los impuestos a las exportaciones de soja y de otros granos, que finalmente se frustró.
La audiencia tiene lugar en momentos en que la valoración de la gestión presidencial ha caído: 60% desaprobó el trabajo de Fernández, mientras que 29.1% lo respaldó y 10.9% no supo y no quiso contestar, según una encuesta de la consultora Management & Fit de julio.
Según Martín Becerra, experto en comunicación y profesor en la Universidad de Buenos Aires y otros centros universitarios, voces oficialistas admiten que Fernández, “al encarar como prioritaria esta batalla (con Clarín)..., descuidó el termómetro de lo que le importa a la sociedad”, como la inseguridad y la inflación, considerados los principales problemas del país según las encuestas.
El Grupo Clarín también llega golpeado pues, según Becerra, durante el conflicto “reveló sus intereses económicos, además de tener su prestigio periodístico lesionado”, en parte por sus continuas críticas al Gobierno.
