UNA DE LAS TANTAS MEDIDAS
- Miguel Ángel Gálvez, juez del tribunal de alto riesgo de Primera Instancia Penal, a cargo del primer caso de genocidio conocido como el triángulo ixil por el grupo étnico de la zona, suspendió el proceso debido a las 13 apelaciones de la defensa.
Cientos de campesinos indígenas cuyos familiares murieron o desaparecieron durante la guerra civil aplaudieron y lloraron de emoción en enero, cuando un juez decidió juzgar por genocidio al ex dictador Efraín Ríos Montt, quien gobernó el país en el punto más álgido del conflicto de 36 años.
Una espera de décadas, durante las cuales se sentían desgarrados cada vez que antropólogos forenses descubrían una fosa clandestina en la que podían estar sus padres, hijos o hermanos, parecía estar llegando a su fin y pronto se haría justicia.
Diez meses después, no obstante, el que sería el primer juicio por genocidio que se le hace a un gobernante latinoamericano aún no ha comenzado. Ni tampoco avanza otro proceso por genocidio que se la inició a Ríos Montt en mayo. En total se le acusa de 266 acciones que provocaron la muerte de al menos 1,771 indígenas mayas, el desplazamiento de 29,000 personas y el asesinato de otros 201 campesinos en la aldea norteña de Dos Erres.
Los dos procesos están frenados por maniobras legales de los abogados del militar.
