Cambiar o enmendar las constituciones es aparentemente el objetivo primordial que mueve a los presidentes de los países latinoamericanos.
Bolivia y Ecuador son ejemplos palpables de estos cambios. El primero se debate en una crisis política debido a que hay un grupo de gobernadores que no respaldan la iniciativa del presidente Evo Morales, de cambiar la Constitución boliviana, por considerar que obedece al interés del gobernante de perpetuarse en el poder.
Motivación.
Para el profesor de Ciencias Políticas, Zachary Elkins y otros, de la Universidad de Illinois, las revisiones constitucionales por lo general vienen de la mano de presidentes o ejecutivos que quieren desafiar los límites que éstas les imponen a su poder.
Pero dado que enmendar una Constitución por lo general requiere de una supermayoría legislativa que normalmente no tienen, los presidentes se ven inclinados a reemplazar la Constitución (a través de otro vehículo como el del referendo) y siempre y cuando no se genere una reacción negativa del público.
Esto implica dos cosas: las constituciones que constriñen de manera excesiva al poder Ejecutivo tienden a ser reemplazadas. Dado que las cartas magnas de América Latina incluyen una cláusula de no reelección para el Presidente, son blancos probables de Ejecutivos con deseos de un poder que no tienen originalmente, aseguró el especialista en Ciencias Políticas.
Los autores del estudio plantean la hipótesis sobre los factores que influyen en la inestabilidad de las cartas magnas.
Aunque mucho está atado a las circunstancias históricas de cada país, los autores identifican dos que son recurrentes: La rigidez en la redacción de una Constitución, y las ambiciones del Ejecutivo de turno en cada país.
Con el paso del tiempo, las circunstancias cambian. Si la Constitución no da espacio para que sea reinterpretada por las cortes, tiende a morir.
En general, nuevas constituciones en estos países corresponden con mayores cambios en la estructura de autoridad (regímenes).
Otras causas.
La derrota en la guerra o la toma del control por parte de un poder extranjero, indica un fracaso del Estado vigente y puede conducir a una nueva constitución "indígena" o a una constitución impuesta por la ocupación. Bien conocidos son los casos que incluyen la Constitución de Japón en 1946 e Irak en el 2005. Otros son el de Afganistán en 1979, República Dominicana en 1924, Haití en 1918 y 1932, y Cambodia en 1981.
Comparaciones.
La Constitución de Chile de 1980, ordenada, comisionada por Pinochet, obedientemente institucionalizó las prácticas autoritarias iniciadas por el golpe de Estado en 1973. Sin embargo, el documento de Pinochet ha permanecido a través de la transición a un régimen democrático, aunque con significativas enmiendas.
Colombia es otra excepción, aunque en otra dirección, en que sus múltiples transiciones de régimen han ocurrido bajo un solo régimen constitucional. Estos fenómenos, como veremos, son ciertamente no comunes en América Latina, donde los mayores cambios son celebrados con nuevas cartas magnas.
El caso de República Dominicana deja claro, enfáticamente, que el cambio de régimen no es una necesaria condición para un cambio constitucional. Los dominicanos han escrito 29 constituciones desde 1844 (lo máximo de cualquier país), período durante el cual el patrón del régimen ha permanecido consistentemente autoritario.
Haití ocupa el rango o puesto tercero en el número de constituciones con 24, lo cual junto con la experiencia de su vecino República Dominicana, otorga a la isla La Española la sede o casa del 7 por ciento de las constituciones del mundo desde 1789.
Un caso especial de crisis después de perder una guerra, pero no ocupación directa, sería Paraguay en 1940. Debe notarse que las ocupaciones podrían disparar nuevas constituciones, puesto que la fuerza y autoridad la ejerce un poder foráneo que se retira en algún momento.
Por ejemplo, la reforma de Colombia de 1990-1991 se dice que provocó la idea de reforma constitucional (aunque con distintos designios ideológicos) en Hugo Chávez, el arquitecto de la Constitución Bolivariana de Venezuela en 1999, una Constitución que inspiró vientos de reforma en Ecuador y Bolivia.
Escribir constituciones para fines políticos es una "aberración" en la tradición democrática de la región, aseguró Arturo Valenzuela, director del Centro para Estudios de América Latina de la Universidad de Georgetown y ex funcionario de la administración Clinton.
