El presidente de la Corte Suprema de Chile, Urbano Marín, no descartó hoy que haya jueces involucrados en una red de corrupción descubierta en los últimos días que liberaba a delincuentes presos a cambio de millonarios pagos.
"Todavía no tenemos certeza, pero forma parte de la indagación de los hechos que estamos haciendo", declaró a Radio Cooperativa Marín, quien lamentó la existencia de organizaciones corruptas.
Once detectives de la Policía de Investigaciones y una decena de funcionarios judiciales han sido detenidos hasta el momento como presuntos integrantes de una red que en los últimos dos años puso en libertad ilegalmente a más de un centenar de delincuentes.
En total, se investiga la participación de 38 personas en la red, que supuestamente estaba dirigida por Margarita Cuadros Aedo, una funcionaria judicial que antes perteneció a la Policía de Investigaciones.
La banda borraba prontuarios de los archivos policiales y judiciales, y falsificaba fallos y órdenes de libertad, entre otras maniobras que posibilitaron la excarcelación de narcotraficantes, asaltantes y otros delincuentes peligrosos.
"Siempre es preocupante informarse de estos acontecimientos, pero desde abril el Poder Judicial se estaba preocupando de la materia y ordenó iniciar estas investigaciones apenas se tuvo noticia de que podía haber esta irregularidad", aseguró el presidente de la Corte Suprema.
El máximo tribunal chileno designó al magistrado Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, como juez exclusivo para investigar el caso, sin plazos definidos para investigar, destacó Marín.
Durante una jornada de reflexión celebrada el fin de semana, la Corte Suprema acordó medidas para dar más transparencia y mejorar la atención de los usuarios del Poder Judicial, y pidió al juez Carroza que elabore un catastro de los delincuentes que fueron favorecidos por la red de corrupción.
