El Salvador en calma mientras el Supremo estudia la irrupción militar en el Congreso

El Salvador vivió una jornada de aparente calma mientras los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estudian la irrupción de militares y policías armados al Congreso de el domingo pasado.

Por su parte, una treintena de organizaciones sociales y gremios de empresarios llamaron a la "cordura" y analizaron las posibles consecuencias de la decisión del presidente del país, Nayib Bukele, de ingresar a la sede parlamentaria acompañado de las fuerzas de seguridad.

CONTROL CONSTITUCIONAL

El director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Saúl Baños, dijo que una serie de medidas dictadas por la Sala de lo Constitucional marcan un "precedente enorme" en las disputas entre órganos de Estado y en el uso del Ejército.

Entre las medidas cautelares se encuentra la orden a Bukele de abstenerse de "hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, representativo y democrático".

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Esto fue en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad presentada el sábado contra una convocatoria extraordinaria al órgano Legislativo hecha por el Consejo de Ministros de Bukele.

La sesión, en la que el mandatario buscaba que los legisladores votaran por un préstamo de $109 millones para seguridad, había sido declarada improcedente por el Congreso y que no se dio también por falta de quórum.

Se desconoce la fecha en la que los jueces constitucionales emitirán un fallo definitivo sobre la demanda, pero Baños prevé que resolverán la demanda bajo los mismos criterios en los que la admitieron.

"Creería que la resolución final va a ir en la misma línea que comunicó en el otorgamiento de las medidas cautelares, de eso no hay duda. No va a cambiar criterio porque la sana crítica, la historia del país, la doctrina constitucional plantea lo que ellos han planteado", sostuvo.

El letrado señaló que la referida sala de la CSJ podría "ir más allá" a la hora de resolver sobre un punto expuesto relacionado con la "insurrección".

El 7 de febrero, Bukele publicó en su Twitter que la inasistencia de los diputados a la sesión extraordinaria "estarían rompiendo el orden constitucional y el pueblo tendrá la facultad de aplicar el artículo 87 de la Constitución", mismo que estipula la insurrección.

Esta fue la primera vez que soldados y policías irrumpen armados al Congreso desde que El Salvador dejó atrás una dictadura militar de décadas y finalizó la guerra civil (1980-1992).

GOBIERNO ACATARÁ FALLO

El Gobierno de El Salvador señaló mediante un comunicado que acatará la medida cautelar de abstenerse de usar el Ejército en actividades que pongan en riesgo al país.

"Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, en relación a dichas medidas, acataremos a orden", apunta el documento El Ejecutivo también aseguró que "se ha mostrado, en todo momento, respetuoso del principio de separación de poderes, como pilar fundamental de Estado Constitucional de Derecho", pero lamentó que las restricciones de los jueces "podrían dificultar el efectivo trabajo de este Gobierno".

RETROCESO EN PAZ Y DAÑO ECONÓMICO

Para el excandidato presidencial Rubén Zamora, El Salvador sufrió el domingo un "retroceso" de cara a los Acuerdos de Paz de 1992.

"El intento de golpe de Estado del fin de semana lo que nos muestra claramente es una voluntad de retroceder", manifestó Zamora, quien recordó que el "corazón" de estos acuerdos fue la desmilitarización de la vida política, la defensa de los derechos humanos y la protección de la "democracia constitucional".

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, manifestó las acción militar del domingo "enturbia" la imagen de El Salvador a nivel internacional y mandan una señal de que "la estabilidad política no está consolidada".

Señaló que también pone a El Salvador como "un lugar donde todavía hay que pensarlo para venir a invertir".

A criterio de Cardenal, la ocupación del órgano Legislativo dio al traste con la imagen que Bukele venía dando de que en el país "se respiraban aires frescos" y que "se había construido democracia".

PRÉSTAMO EN ESPERA

El presidente salvadoreño emplazó a los diputados para que aprobaran el préstamo de $109 millones esta semana y señaló que regresaría el próximo domingo sino dan sus votos.

El diputado opositor Damián Alegría explicó durante una llamada telefónica, los diputados de la Comisión de Hacienda consideraron que "este no es un buen momento para discutir esta solicitud porque acaba de ocurrir la invasión ilegal e institucional por parte del Ejecutivo".

Los diputados han pedido conocer a profundidad el plan de seguridad de Bukele para aprobar los fondos.

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Por su parte, el mandatario salvadoreño lamentó la noche de este martes, durante su discurso en la juramentación de un nuevo grupo de policías, que los diputados no hayan votado por el dictamen para llevarlo luego al pleno.

"El día de hoy en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa decidieron no dar dictamen favorable para el financiamiento de la fase tres del Plan Control Territorial (...) lamentablemente los políticos están más preocupados por proteger y financiar a criminales, por proteger a narcotraficantes que por proteger a lo que nos protegen", dijo Bukele, quien después del acto oficial se retiró y no brindó declaraciones a la prensa.

El jefe de Estado apuntó que la tercera fase de dicho plan "contempla la compra de cámaras, (coches) patrullas, sistemas de comunicación, chalecos antibalas, uniformes, botas, visores nocturnos, cámaras térmicas, helicópteros y la remodelación del hospital militar para atender a los policías".

El Gobierno atribuye a su plan de "control territorial" la disminución de los homicidios en 2019.

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