Los argentinos lloran la muerte de medio centenar de personas en una de las mayores tragedias ferroviarias que ha sufrido el país y piden establecer responsabilidades por un accidente que ha puesto de manifiesto la precariedad del servicio y la falta de control estatal sobre la gestión privada.
Días después del siniestro que dejó 50 muertos, al menos ocho de ellos extranjeros, y más de 700 heridos en Buenos Aires, las autoridades concluyeron las tareas de identificación de las víctimas, aunque decenas de personas buscan aún a varios pasajeros en los hospitales de la ciudad.
El Gabinete de la presidenta argentina Cristina Fernández adelantó que se presentará como querellante en la causa abierta por el accidente, y que se reserva posibles acciones administrativas en el futuro.
"Acá no se generan esquemas de protección para nadie", dijo el ministro de Planificación, Julio de Vido, en una rueda de prensa que había desatado intensos rumores sobre la posibilidad de que el Gobierno retirara la concesión a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), responsable de la línea donde se produjo el accidente.
El tren siniestrado pertenece a la red de cercanías de Buenos Aires, gestionada por TBA, propiedad de los hermanos Cirigliano, uno de los grupos de transporte más poderosos del país, relacionados por la prensa local con el exministro Ricardo Jaime, investigado por corrupción.
En medio de la polémica, Roque Cirigliano afirmó que el tren "estaba en buenas condiciones" y calificó el servicio como "aceptable", en una breve visita a la estación Once, el escenario del siniestro.
"Cincuenta muertos te parece aceptable?", le increpó uno de los pasajeros, mientras el directivo abandonaba el recinto precipitadamente en medio de la indignación de los viajeros.
En la estación, una de las tres más concurridas, decenas de personas recogían firmas para denunciar "el estado de los trenes".
