El Tribunal Supremo de Justicia abrió las puertas a las contribuciones de las grandes empresas en las campañas políticas con un fallo que podría influir enormemente en las elecciones legislativas de noviembre próximo.
En una votación de cinco a cuatro, el Tribunal dictaminó que las grandes empresas pueden gastar dinero sin límites para apoyar u oponerse a los candidatos para la presidencia o el Congreso.
El fallo, largamente esperado, anuló otro del Supremo en 1990, según el cual el Gobierno podía prohibir que las empresas gastaran dinero en propaganda que promoviera, expresamente, la elección o repudio de un candidato.
Se mantiene vigente el requisito de que las empresas que gasten más de 10.000 dólares anuales en la producción o difusión de avisos electorales, deben informar a la Comisión Electoral Federal.
