El Gobierno argentino ordenó ayer la apertura de una "causa penal militar" para juzgar a tres generales retirados que reconocieron y justificaron los crímenes de la última dictadura en declaraciones a la televisión francesa.
La medida fue dispuesta en un decreto firmado por el presidente Néstor Kirchner que apareció publicado ayer en el Boletín Oficial e involucra a Ramón Díaz Bessone, Reynaldo Bignone y Albano Harguindeguy.
En un documental realizado por el Canal Plus de Francia, los tres admitieron la aplicación de torturas a detenidos durante el último régimen militar (1976-1983) y dijeron que en ese periodo hubo entre 7,000 y 8,000 personas asesinadas clandestinamente.
Además de la instrucción de un "sumario" contra los generales retirados, el decreto establece que se abra una investigación sobre "todo el personal militar a quien se atribuyen declaraciones con motivo de la entrevista realizada por la periodista francesa Marie Monique Robin".
Con el sumario, el Gobierno pretende "determinar las responsabilidades disciplinarias y/o penales que podrían caberles respecto de las circunstancias que dieron origen a las publicaciones aparecidas en medios periodísticos" locales.
Según la medida, los dichos de Díaz Bessone, Bignone y Harguindeguy generaron "una grave repercusión social y política" en Argentina, donde hay un profundo debate sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia resolvió ayer reabrir una causa sobre la desaparición de una ciudadana sueco-argentina durante la última dictadura militar, en la que el principal acusado es el ex marino Alfredo Astiz, famoso por su activa participación en la cruenta represión ilegal de aquel régimen de facto.
Dagmar Hagelin, de 17 años, fue secuestrada en enero de 1977 y trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal centro clandestino de detención durante la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983. Se le atribuye la muerte, o desaparición"", de unos 30,000 detenidos, entre ellos Hagelin.
La Corte, con siete votos a favor y una disidencia, hizo lugar al reclamo de Ragnar Hagelin, padre de la víctima, quien había apelado ante el máximo tribunal un fallo de la Cámara de Casación que ordenaba cerrar la causa.
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