La amnistía política para los involucrados en la crisis causada por el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009 en Honduras entró en vigor ayer, casi un mes después de haber sido aprobada por el Congreso Nacional.
La amnistía sólo favorece a los acusados por delitos políticos, pero no a aquellos señalados por corrupción o violaciones de los derechos humanos, declaró a Radio América el diputado Germán Leitzelar, del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata (PINU-SD), uno de los autores del proyecto.
Según el decreto, la amnistía abarca los delitos de "traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, terrorismo, sedición (todos del Código Penal), calificados como delitos políticos", y varios "delitos comunes conexos".
La amnistía fue aprobada por el voto mayoritario del gobernante Partido Nacional, que suma 71 diputados y dos de otros partidos.
