El protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas sobre la criminalidad transnacional organizada, primera herramienta jurídica internacional de lucha contra el tráfico de seres humanos, entra en vigencia hoy.
El texto, adoptado en noviembre de 2000 por la Asamblea General de la ONU y ratificado desde entonces por medio centenar de países, instituye una colaboración internacional para "prevenir, reprimir y castigar" la trata de seres humanos: los entre tres y cuatro millones de mujeres y niños que son obligados cada año a la prostitución o a trabajos forzados en el mundo.
Este tráfico es tan lucrativo que rivaliza hoy con el comercio internacional de armas y de drogas. El departamento de Estado norteamericano estimó recientemente entre 7,000 y 10,000 millones de dólares los beneficios obtenidos de la venta y de la explotación sexual de seres humanos.
Y, como ocurre con el tráfico de drogas y el tráfico de armas, el carácter internacional de la trata de seres humanos hace que su represión sea muy difícil y costosa, dado que los traficantes aprovechan la disparidad y la ineficacia de las legislaciones internacionales y la falta de coordinación entre los países en la lucha contra este tipo de redes criminales.
Un informe publicado en diciembre por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) señaló que unos 200,000 mujeres y niños de Europa oriental son obligados cada año a prostituirse en Europa oocidental, y que las víctimas están cada vez más aisladas y son más cada vez más vulnerables y más difíciles de identificar.
Por ello, la Unión Europea decició otorgar un permiso de estadía temporal a las víctimas de trata humana que aceptan cooperar con la policía y la justicia para desmantelar las redes mafiosas. Después de Europa central y de Rusia, es el subcontinente indio la región del mundo en la que la trata de seres humanos se desarrolla más rápidamente.
