La nueva normativa firmada por el presidente Raúl Castro fue anunciada oficialmente el pasado 3 de noviembre y desde entonces los medios de comunicación estatal han dedicado grandes espacios para explicar sus disposiciones y detalles.
La medida flexibiliza la transmisión de la propiedad de viviendas en la isla, que podrá hacerse mediante compraventa, permuta, donación o adjudicación siempre que las propiedades estén inscritas y actualizadas.
Se mantiene como límite que "ninguna persona tendrá derecho a poseer más de una vivienda" aunque también es legítimo tener otro inmueble en zonas de recreo o descanso.
"Con la nueva legislación se pretende, entre otros aspectos, garantizar a los propietarios que puedan disponer de su inmueble como deseen, sin necesidad de obtener autorización previa" del Estado como sucedía hasta la fecha, destacó recientemente el diario Granma.
Según datos oficiales, la isla tiene unas 3.700.000 viviendas y de ellas un 85 % se encuentra en régimen de propiedad individual.
Apenas un 6 % de las viviendas en Cuba están inscritas en el registro de propiedad, por lo que el Gobierno ha pedido cumplir ese trámite como "garantía jurídica" y requisito para las nuevas operaciones inmobiliarias.
En el último medio siglo, las prohibiciones para el acceso a la vivienda en Cuba generaron un mercado ilegal de construcciones clandestinas, corrupción y estafas porque las únicas maneras de lograr una vivienda eran las permutas, herencias o conseguir un permiso estatal de construcción.
Otro de los problemas es el déficit de viviendas en el país: hasta 2010 se estimaba en unas 600.000 casas, en parte por los destrozos que causaron tres huracanes en 2008.
En general, los cubanos han acogido con optimismo la apertura del mercado inmobiliario pero también se plantean muchas dudas y escepticismo: muchos recuerdan que la mayor parte de los ciudadanos de la isla no disponen de dinero para comprar casas.
