Varios funcionarios de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que depende del Gobierno Federal de EE.UU., contribuyeron a los errores en la fallida operación “Rápido y Furioso” que permitió el contrabando de armas, según un informe elaborado por dos legisladores.
La fallida operación permitió en 2009 el tráfico ilegal de unas dos mil armas de Arizona hacia México para seguir inicialmente la pista a carteles de la droga, aunque las autoridades estadounidenses habrían perdido más tarde el rastro de gran parte de ese armamento. El borrador del primero de tres informes, difundido ayer, recoge “evidencias de numerosos errores y decisiones” detectadas en la investigación realizada sobre este asunto por los legisladores republicanos Darrell Issa y Charles Grassley.
Para los republicanos, los errores en la operación “podrían haber contribuido a la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. Brian Terry y de un número desconocido de ciudadanos mexicanos, además de crear un peligro constante en la seguridad pública en ambos lados de la frontera”.
Tanto ese oficina federal (ATF en su sigla en inglés) como el Departamento de Justicia “habrían preferido esconder silenciosamente bajo la alfombra este asunto”, acusó el congresista Issa en un comunicado.
Según el informe, los funcionarios implicados de la ATF irían desde su director entonces hasta el agente especial a cargo en Arizona.
Los legisladores alertan de que el entonces máximo responsable de la agencia federal, Kenneth Melson, debería haber garantizado que los funcionarios en la oficina central en Washington supervisaran adecuadamente la operación que se realizaba en Arizona.
FALTA DECOMUNICACIÓN
- Destacaron “errores en la comunicación entre varias instituciones federales” como la Dirección de Control de Drogas (DEA), la ATF, y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), además de criticar el papel de la Fiscalía de Arizona. Dicha operación ha llevado en los últimos meses a los republicanos a pedir responsabilidades.
