Un tribunal condenó al Estado de Colombia a pagar 2,000 millones de pesos (725,000 dólares) a los familiares de 17 de 18 campesinos que murieron al explotar una bomba lanzada por una aeronave de la Fuerza Aérea en diciembre de 1998, indica el fallo judicial divulgado ayer.
El tribunal administrativo del departamento de Arauca encontró responsabilidad de los tres ocupantes del helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que arrojó la bomba cuando perseguía a miembros de la guerrilla de las FARC en Santo Domingo, una pequeña aldea de esa provincia del oriente del país.
En esa acción, ocurrida el 13 de diciembre de 1998, murieron 18 civiles -entre ellos siete menores de edad- y 25 sufrieron heridas graves, pero el fallo estipula la indemnización a los familiares de 17 de las víctimas, pues no se logró comprobar si realmente la otra persona murió como consecuencia de la operación.
El fallo establece que sólo se pagarán los perjuicios morales y materiales de los afectados, pero que no se reconocerán los daños causados por la explosión debido a que no se pudieron comprobar, pese a que muchas personas presentaron demandas por daños en bien ajeno.
Según el presidente del tribunal, Wilson Arcila, quedó establecido que el piloto del helicóptero de la FAC, capitán César Romero, vio a la gente en el poblado y a pesar de ello autorizó que se lanzara la bomba de racimo.
Este caso ha sido motivo de gran controversia debido a que mientras altos mandos de la FAC reivindican la inocencia de los pilotos.
La polémica también se suscitó debido a que no existía claridad acerca de si el suceso debía ser investigado por los militares o por la justicia ordinaria, tal como finalmente lo ordenó la Corte Constitucional.
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