La organización terrorista ETA comunicó la cancelación de las prácticas de extorsión a empresarios, una de sus principales vías de financiación, en el marco del alto el fuego que fue declaró por el grupo el pasado 10 de enero.
Los representantes de los empresarios del País Vasco y de la vecina región de Navarra, en el norte de España, recibieron sendas cartas en las que la banda armada les anuncia el cese de esas prácticas, que denomina “impuesto revolucionario” y en las que exigía distintas sumas de dinero bajo una serie de amenazas.
Estrategia.
Enrique Portacarrero, director del Círculo de Empresarios Vascos -organismo privado que reúne a directivos de las principales empresas vascas-, afirmó que ante la noticia de la “cancelación” de las prácticas de extorsión “hay que mantener una elemental prudencia”, porque el grupo ETA tiene muy escasa credibilidad.
También dijo que “sería muy deseable” que si la banda terrorista "quiere eliminar el chantaje a los empresarios lo hiciera no solamente durante los procesos electorales”.
Aludía al momento elegido por ETA para comunicar la cancelación de las practicas de extorsión, a falta de menos de un mes para las elecciones locales en territorio español y en pleno proceso sobre una eventual impugnación de las candidaturas que se sospecha que tienen vinculación con su entorno político.
Impugnación.
El Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, impugnó ayer ante el Tribunal Supremo las 254 candidaturas presentadas por Bildu y presentó un segundo recurso sobre 16 agrupaciones de electores al considerar que esta coalición vasca es un instrumento de ETA.
