La condena se produjo en las últimas horas del viernes tras más de dos días de deliberaciones del tribunal, tras la conclusión de un sonado caso que complica gravemente al ex presidente de Paraguay Luis González Macchi (1999/2003).
El sentenciado es Julio González Ugarte y además de él fue condenado, a ocho años, el superintendente de Bancos Carlos José Pecci y otros tres funcionarios de menor jeraquía.
El ex presidente González Macchi, procesado por otros tres hechos de corrupción durante su Gobierno, es investigado como instigador del desvío de fondos del Banco Central y tiene prohibición de abandonar el país por este caso.
La gavilla de funcionarios remesó la millonaria cantidad para una supuesta operación "de alto rendimiento" y el dinero desapareció.
Otro ex Presidente de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy, al que se atribuye una gran influencia en el Poder Judicial, también fue condenado en 2003 por un desvío millonario de fondos públicos pero llamativamente permanece en libertad mientras dure la apelación que presentó al tribunal de alzada.
Los condenados anoche, sin embargo, fueron inmediatamente llevados a prisión, en primera instancia.
También fueron condenados, Carlos José Pecci, a 8 años; Juan Fernando Rodríguez, Ramón Guillén y Valeria Ortiz, recibieron similares.
El ex Contralor General de la República, Daniel Fretes Ventre fue absuelto de culpa y pena.
En este caso, a la población le queda la misión de hacer la valoración correspondiente de la actuación de la más alta corporación de la justicia, aseveró. Es necesario realizar una reforma del sistema de justicia, en eso coinciden distintos sectores preocupados por solucionar los graves problemas del aparato judicial.
Uno de las instituciones que viene trabajando abnegadamente con este objetivo es la Alianza Ciudadana Pro Justicia que recientemente realizó una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía sobre uno de los pilares del sistema republicano.
Sentimos que en Panamá tiene que crearse un ambiente de reforma al sistema de justicia penal. Para ello, el audito ciudadano de la justicia busca hacer un análisis de cómo está el sistema de justicia penal en Panamá desde la perspectiva del usuario, de manera de hacer un diagnóstico y presentar propuestas para reformarlo”, señala Magaly Castillo.
El audito es el punto de partida para una agenda de reforma, en los que se involucren el Organo Judicial, Ministerio Público, los políticos, los abogados y la sociedad civil.
Una de las conclusiones a las que llegó el audito es que es necesario una reforma al sistema de justicia penal para respetar las garantías del acusado en un sistema donde el Ministerio Público no tenga adscritas tantas facultades, ya que puede detener, allanar e inclusive puede mantener detenida a una persona por uno o dos años, hasta que un juez analice el caso.
Tiene que lograrse controlar estas facultades y que sea un ente judicial el que decida las medidas cautelares y las privaciones de libertades de las personas y no un fiscal o personero. El que tiene que decidir si a una persona se le priva de su libertad es una autoridad con jurisdicción, y no una de investigación”, observó.
A su criterio, las autoridades investigativas pueden ordenar medidas cautelares provisionales pero la última palabra la tiene un juez. “En Panamá, una persona puede estar detenida hasta dos años por órdenes del Ministerio Público”, dijo con asombro.
Coincidentemente, el presidente del Colegio de Abogados Carlos Vásquez, remarcó la necesidad de cambiar el esquema procesal replanteando las funciones inquisitivas que posee el Ministerio Público y que al final son examinadas por los operadores judiciales.
Sin embargo interpretó que esto es solo parte de la solución integral que requiere la administración de justicia, porque no se puede apuntar hacia una reforma legal como exclusiva o determinante para cambiar la condición crítica que atraviesa la justicia. Anteriormente ha habido reformas (la última se hizo en el 2001), y los resultados no han satisfecho”, opinó.
Estimó que se requiere un cambio de actitud de los operadores judiciales, además de una mística en el trabajo que realizan magistrados, jueces, fiscales y personeros. También es indispensable que haya la voluntad política de invertir en el servicio de administración de justicia porque actualmente se habla mucho de la justicia pero se la respalda poco.
Al respecto, Magaly Castillo enumeró otros aspectos necesarios: Hay que nombrar mayores defensores públicos y fortalecer el tema de los mecanismos de protección de derechos humanos (habeas corpus, amparo de garantías y otros recursos que son necesario reformarlos porque no se están respetando). El 54% de los presos en las cárceles panameñas no tienen condenas y de ese porcentaje casi la mitad está representado por un defensor de oficio, indicó.
Además, mencionó que el mismo procedimiento penal panameño permite rezago del sistema de justicia ya que facilita que los abogados hagan prácticas dilatorias del proceso. El sistema de justicia panameño permite todo esto, por lo que se necesita un sistema que ponga límites que establezca sanciones a estas personas. En las cárceles de Panamá sobran 4 mil 118 presos.
Esto da la pauta del nivel de hacinamiento que existe actualmente en el Servicio Penitenciario Nacional, según revela un informe estadístico del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia.
De acuerdo al documento, hasta el 22 de marzo habían 11 mil 466 prisioneros en la República de Panamá (10 mil 641 hombres y 825 mujeres) cuando la capacidad física de las celdas a nivel nacional solo es de 7 mil 348.
Aún más preocupante es que del total de reclusos, 6 mil 363 (2 mil 841 hombres y 248 mujeres) están en proceso de juicio, lo que representa más del 50%.
Condenados se encuentran 4 mil 161 hombres y 337 mujeres, mientras que por delitos administrativos están recluídos 605.
La provincia con mayor exceso de presidiarios es la de Panamá con 7 mil 645, la cual solo tiene espacio en sus cárceles para 4 mil 553.
La mayoría de estos reclusos están en el Complejo Penitenciario La Joya, que comprende La Joya y La Joyita, al este de la ciudad de Panamá con 5 mil 485.
En el Centro Femenino de Rehabilitación están recluídas 614 internas, cantidad de la cual, 255 están condenadas y 359 están en proceso.
Otras provincias con problemas de acumulación de presos son Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas.
En Colón, hay un total de mil 450 presos y la capacidad física de las celdas son para mil 92.
De este total, 641 están en proceso, mientras que 809 fueron condenados.
En Chiriquí, el total de reclusos es de 907 y solo las cárceles tienen espacio para 534.
De este total, 420 están en proceso, mientras que 487 fueron condenados. Los únicos lugares donde no hay sobre población es Kuna Yala y Coiba.
El fenómeno de la mora judicial es un problema que viene de mucho tiempo atrás. Incluso, en las décadas de los 40 y 50 ya se hablaba de este problema, según lo asegura Aura Emérita Guerra de Villalaz, Ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Entre las razones cita la falta de presupuesto, el volumen y el método de trabajo y las falencias del sistema procesal.
Es cierto que nos encontramos con casos totalmente estancados no por meses, sino por años y que algunos de ellos no son tan complicados. Hace falta un procedimiento adecuado que permita a los tribunales a salir más rápidamente de los casos que tienen. La tecnología moderna permite que se aceleren muchos casos, no como antes que la tarea era con máquinas manuales. Sin embargo, no todos los tribunales están beneficiados con la tecnología, indicó. Aceptó que en términos generales el fenómeno de la mora judicial es una verdad a gritos pero hay problemas fuertes en el sistema de justicia. Es una situación muy compleja en donde intervienen diferentes factores que tienen que ver con el personal, con lo económico y fundamentalmente con el procedimiento.
Para el jurista Jorge Guiannareas es claro que el sistema sufre de congestionamiento. Esto se debe a que hay una enorme cantidad de casos, mucho más de lo que el sistema puede procesar.
En primer lugar hay que buscar medidas rápidas para terminar de modo anticipado los procesos que se puedan resolver, es decir no todo tiene que ser un camino hacia el final, sino que puedan resolverse antes por otros medios. Lo segundo es que hay que imprimirle a los tribunales de justicia una gestión moderna, automatizada, con una noción de eficiencia en el día a día. Antes de ver cuanto dinero le asignan al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, lo más importante es cómo se está gastando el dinero, subrayó.
