Junto a Lozada también serían enjuiciado 15 de sus ex ministros.
Se trata del primer proceso penal en la historia nacional a un gobernante elegido constitucionalmente en las urnas.
El ex presidente radica desde hace un año en Estados Unidos, donde vivió la mayor parte de sus 74 años.
Sánchez de Lozada es acusado por organizaciones civiles y el Movimiento Al Socialismo (MAS), por delitos de genocidio, durante una insurrección popular en octubre de 2003, que dejó entre 56 y 80 muertos y medio millar de heridos a manos de militares y policías. También está imputado por daños económicos al Estado.
La determinación de los legisladores constituyó una sorpresa para el pueblo boliviano, demasiado acostumbrado a que la impunidad no sea castigada.
Para ello, fueron necesarias más de 12 horas de acaloradas disputas entre el partido de Sánchez de Lozada, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y los restantes grupos parlamentarios.
