La ex primera dama de Guatemala Sandra Torres recibió su segundo revés al rechazar de nuevo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su inscripción como candidata presidencial a las elecciones generales del próximo 11 de septiembre en este país centroamericano.
Los cinco magistrados del TSE se reunieron este viernes para analizar el recurso de nulidad que los abogados de Torres presentaron con el fin de revertir el fallo emitido el pasado miércoles por el Registro de Ciudadanos (RC), que negó la inscripción de la ex primera dama.
Por más de ocho horas, según la portavoz del Tribunal, Ana Julieta Solís, los funcionarios analizaron a puerta cerrada la resolución del Registro de Ciudadanos (RC).
El segundo fallo en contra de Torres fue emitida anoche, pero no se hizo oficial hasta ayer, porque primero tenían que ser notificados los partidos que apoyan su candidatura a la presidencia de Guatemala, explicó la fuente electoral.
Por su parte, Edgar Dedet, fiscal de la Gran Alianza Nacional (GANA), partido que junto a la oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) apoyan a Torres, confirmó a periodistas que hoy recibieron la resolución del Tribunal y es adversa a la candidata.
“La notificación la recibimos a las 00.45 hora local (06.45 GMT), es negativa y ya se está analizando”.
La coalición tiene un plazo de tres días para presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo Electoral, y los magistrados tendrán un periodo similar para resolver la petición.
De ser rechazada de nuevo la demanda, Torres puede recurrir con otro recurso de ampliación ante las autoridades electorales, con el que agotaría la vía administrativa ante ese organismo.
El siguiente paso, si el Tribunal Supremo Electoral no la inscribe como candidata, es recurrir con un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y si se le negase su participación, la última carta será una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala.
A Torres, según el Registro de Ciudadanos, se le negó su inscripción como candidata por haber cometido “fraude de ley” al divorciarse del presidente guatemalteco Álvaro Colom, en abril pasado, con el fin de evadir la prohibición constitucional que no le permitía aspirar a la primera magistratura del país por ser la esposa del gobernante.
