El Parlamento de Guatemala atendió ayer parcialmente el clamor de la sociedad civil y la comunidad internacional al dejar fuera de la lista de nuevos magistrados del Poder Judicial a tres de los seis candidatos tachados por su falta de idoneidad y honorabilidad.
Los legisladores se vieron forzados a dar marcha atrás, en una acción sin precedentes, en la elección inicial de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), realizada la semana pasada, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara revisar el procedimiento para que los letrados elegidos cumplieran con el principio de honorabilidad.
Tras varias horas de discusiones y negociaciones políticas, los congresistas rectificaron ayer la elección dejando fuera a las abogadas Elda Nájera y Jackeline España, y aceptando la renuncia de Manuel Pocasangre, quien había dimitido horas antes.
Sin embargo, el cumplimiento del fallo del máximo tribunal fue parcial, ya que mantuvieron en la lista de nuevos magistrados a Thelma Aldana, Dimas Bonilla y Mynor Franco, quienes también fueron señalados de "faltos de idoneidad y honestidad" para integrar el Poder Judicial.
Medio centenar de organizaciones sociales del país y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron al Parlamento pruebas documentales que vinculan, supuestamente, a estos seis magistrados con un "grupo paralelo" que busca tomar el control de las cortes del país.
Según la Cicig, este grupo está dirigido por el abogado y empresario Roberto López Villatoro, quien "desde hace varios años está cooptando magistrados (...) con el propósito de controlar las cortes".
"El mandato de la CC fue cumplido parcialmente, porque no se cumplió con la disposición de revisar todos los casos (de los magistrados vetados), y los bloques mayoritarios se impusieron", dijo a periodistas la diputada Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala.
