Mantener la ilegalización del consumo de drogas no es la solución en la lucha contra el narcotráfico puesto que esa política solamente fortalece al mercado, afirmaron especialistas en la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas que concluyó hoy en Río de Janeiro.
"La prohibición de la droga ha hecho del narcotráfico un mercado muy lucrativo", comentó Juan Carlos Hidalgo, coordinador de proyectos en América Latina del Cato Institute, de EE.UU.
Hidalgo señaló que la cocaína multiplica su valor por 80 desde su salida de los países productores hasta la llegada a las manos de los consumidores.
En opinión de Hidalgo, el fracaso de la guerra contra el narcotráfico en países como México no es solo por la falta de entrenamiento de la policía o por corrupción sino también por el hecho de que en ese país se mueve un mercado de 25.000 millones de dólares al año.
La brecha entre las normas legislativas y las socialmente admisibles es otro de los factores que contribuye al tráfico de estupefacientes, puesto que para algunos grupos es más "aceptable" violar la ley, explica el economista colombiano Francisco Thoumi.
"La política de penalizar a los pequeños traficantes agrava estos conflictos entre normas sociales y legales", matizó Thoumi, autor de varias publicaciones sobre narcotráfico.
Según Thoumi, cuando un producto fácil de producir es declarado ilegal, como la cocaína, su producción se concentra en lugares donde es más fácil violar la ley, entre los que citó a Colombia, donde, dijo, "no hay imperio de la ley".
Sin embargo, los especialistas no desconocen que en muchos casos el tráfico de drogas financia a grupos terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el peruano Sendero Luminoso.
A diferencia de los defensores de la legalización de las drogas participantes en la conferencia, el viceministro de Justicia de Ecuador, Freddy Pavón Rivera, cree que una despenalización "fomentaría un estado favorable a la violación de derechos" y provocaría degradación en la salud pública.
Pese al aumento en la legislación punitiva en los últimos 30 años, el viceministro reconoció la necesidad de reformas en el sistema, de forma que no se separen los crímenes de drogas del sistema penal general.
