El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) pidió públicamente a la Fiscalía investigar si la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) pactó con pandillas un alza en los homicidios tras perder las elecciones presidenciales en 2014.
La declaración de Funes, el primer mandatario del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se dan en medio de una polémica generada por la publicación de un vídeo en el que el ahora diputado Ernesto Muyshondt y el alcalde de Ilopango (este), Salvador Ruano, aparecen negociando con pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18.
La "FGR (Fiscalía General de la República) debe investigar si además de acuerdos con pandillas en reunión de 2014, existen otros compromisos (de ARENA) relacionados con (el) aumento de homicidios", señaló el exmandatario en sus redes sociales.
"Si ARENA pagó a (las) pandillas por aumentar votación en presidenciales de 2014, pudo haber pagado por incrementar violencia al perder elecciones", ganadas por el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, quien además fue vicepresidente de Funes.
Muyshondt y Ruano fueron citados a rendir declaración en la sede de la Fiscalía respecto a esta reunión sostenida los cabecillas de las principales pandillas.
A su salida de la comparecencia, el legislador recalcó que el referido cónclave se realizó "para que se permitiera que la población saliera a ejercer el voto".
"La reunión contribuyó a que las pandillas dejarán de hostigar tanto y permitieran a comunidades enteras salir a votar", lo que "permitió que una enorme cantidad de salvadoreños ejercieran el sufragio libremente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014", añadió.
Horas antes de su comparecencia en la Fiscalía, el alcalde de Ilopango negó la existencia de un vídeo y aseguró que "sólo existe un audio sobre la reunión que fue claramente manipulado".
Las autoridades de Seguridad acusan a las "violentas" pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias de generar la escalada de violencia que vive El Salvador en 2016 y que se ha cobrado la vida de 1,621 personas hasta el 9 de marzo, más del doble que en el mismo lapso de 2015.
En este contexto, el Gobierno evalúa implementar "medidas excepcionales" de seguridad para frenar la violencia.
