El secretario de Gobernación (Interior), Francisco Ramírez, reconoció ante la Cámara de Diputados que el Ejecutivo presidido por Felipe Calderón desde el 1 de diciembre pasado recibió un Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que "había venido deteriorándose en su estructura", capacidad tecnológica y operativa por sucesivas reducciones de personal y presupuesto.
Según Ramírez, el organismo sufrió "una disminución muy significativa de recursos económicos" y atrasos en tecnología, así como la reducción de 1, 000 puestos de trabajo, lo que le impidió "estar atento a los movimientos de estos grupos" desestabilizadores como el EPR.
"Al inicio de este gobierno se tomó la determinación de fortalecerlo, lo que era fundamental", algo que "se está realizando a través de apoyos económicos", indicó el funcionario.
Los sabotajes reivindicados por esa guerrilla contra instalaciones de Pemex ocurrieron en dos ocasiones, entre el 5 y 10 de julio en los estados centrales de Querétaro y Guanajuato, y el 10 de septiembre pasado en Veracruz (este, golfo de México) y Tlaxcala (centro).
No hubo muertos ni heridos pero sí cuantiosos daños materiales y una crisis de abastecimiento de gas natural que afectó a miles de empresas.
El funcionario prometió ante los legisladores que el Estado reaccionará con firmeza contra cualquier grupo que trate de "desestabilizar al país".
Para ello se ha creado una "estructura interna" de coordinación denominada Grupo Central de Atención a la Subversión que incluye las secretarías (ministerios) de Defensa y Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y el Cisen.
El ministro se mostró particularmente crítico con quienes "buscan generar un terrorismo" en México y llamó a los miembros de esas organizaciones a hacer "una rectificación" y reconducir su inconformidad por "los cauces jurídicos y democráticos".
Ramírez llamó a la unidad de los distintas formaciones políticas pero recibió duras desde el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD, oposición), que le llamó "mentiroso", y de la diputada del también opositor Alternativa, Elsa Conde, quien le reprochó los "pobres resultados" en política interna.
El brazo político del (EPR) es el Partido Democrático Popular Revolucionario.
Históricamente el EPR había desarrollado sus actividades en los estados mexicanos de Guerrero y Michoacán.
Tras las elecciones generales en el 2006, la agrupación inició actividades de más amplio alcance y repercusión en la capital mexicana y otras áreas.
Las autoridades mexicanas los han relacionado con los remanentes del Partido de los Pobres.
